El Ministerio de Igualdad del Estado español, liderado por la ministra de Igualdad Irene Montero, anunció este jueves la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Librtad Sexual por parte del Congreso de los Diputados. Esta ley, popularizada como la ley "solo sí es sí", pasa a considerar agresión toda relación sexual que no sea expresamente consentida.

Con 201 votos a favor, 140 en contra del PP y Vox y 3 abstenciones, la nueva ley pasa a legislar muchas de las consignas del movimiento feminista de los últimos años poniendo el consentimiento en el centro de la legalidad.

A su salida del Congreso el día de la votación, la ministra Montero declaraba: "La ley del 'solo sí es sí', la ley del 'hermana, yo sí te creo', esa ley que tanto han peleado millones de mujeres que habéis salido a las calles de vuestras ciudades, de vuestros pueblos, de vuestros barrios, para defender a la víctima de 'la Manada', para contar vuestras propias experiencias con el 'me too' o con el 'cuéntalo'... hoy tenéis vuestra ley votándose con una amplia mayoría feminista de este Congreso y de este gobierno de coalición, y por tanto, convirtiendo la libertad sexual en un derecho".

¿Qué medidas contempla la nueva ley?

La nueva ley de la libertad sexual reconoce como violencias contra las mujeres la agresión sexual, el acoso sexual y callejero, el feminicidio sexual, el exhibicionismo, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la violencia económica, la violencia digital y la violencia vicaria. La sumisión química pasa además a reconocerse como agresión sexual, pudiéndose iniciar un procedimiento legal sin tener que presentar necesariamente muestras biológicas de la víctimas.

Tanto las mujeres, como los niños y las niñas de violencias sexuales tendrán derecho a una asistencia integral especializada, ayudas económicas, atención sanitaria especializada, asistencia jurídica gratuita y reparación integral. Además, se reconocen una serie de derechos para las víctimas de trata y explotación sexual como víctimas de violencia contra las mujeres por primera vez en el país, garantizando que tengan asistencia psicológica, atención jurídica, asesoramiento social en su idioma y un alojamiento temporal seguro.

La ley también establece centros de atención 24 horas en cada provincia y ciudad autónoma del Estado español para atender de forma integral a todas las víctimas y supervivientes que hayan sufrido violencia sexual, tanto en el presente como en el pasado.

Además, la nueva ley asegura la educación sexual de los menores, que pasa a convertirse en un derecho en todos los niveles educativos, y prepara formaciones especializadas para profesionales de todos los ámbitos y, en especial, para quienes participan directamente cuando se producen las violencias sexuales, como son los sanitarios, los asistentes sociales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal forense o del ámbito judicial.

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