El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, prestó juramento el 1 de enero, con un gabinete de 22 ministros, 5 de los cuales son generales militares y solo 2 mujeres.

Una de las primeras decisiones de Bolsonaro fue otorgar al Ministerio de Agricultura el poder de limitar las numerosas reservas indígenas. Este ministerio está dirigido por un representante de la poderosa y dinámica industria agrícola y exportadora brasileña, y ahora tiene el poder de redefinir los límites geográficos de los territorios ricos, también las reservas naturales, donde viven las poblaciones indígenas de este gigante sudamericano.

Si bien la población indígena del país (Brasil tiene una población total de 220 millones) es proporcionalmente escasa, estas comunidades mantienen sus culturas, formas de vida tradicionales y una relación respetuosa con el medio ambiente.

La decisión del nuevo presidente, por lo tanto, ya ha alertado a los movimientos ecologistas, así como a las poblaciones indígenas que luchan por mantener sus territorios y su forma de vida original contra la voracidad de un monocultivo agrícola destinado a ser exportado.

El 5 de enero, el Presidente anunció el traslado de 400 policías a la región nororiental de Ceará, que durante varios días ha sido testigo de una ola de ataques contra autobuses y centros oficiales.

Más de 40 acciones en 13 ciudades de esta región han tenido éxito en afectar el comercio y parte del transporte de pasajeros. En la capital de esta región, la ciudad de Fortaleza, donde viven 2 millones de personas, solo un tercio del transporte está funcionando, bajo vigilancia.

Aunque no está claro qué produjo esta ola de violencia, los medios locales señalan que podría ser la respuesta a la intención declarada del Gobernador de la Región, el Partido de los Trabajadores de la oposición, Camino Santanta, de perseguir a las bandas criminales lideradas por los traficantes de drogas en las cárceles.

Al mismo tiempo, el Presidente ha instado a los jueces y administradores a aprobar una ley que otorgaría inmunidad a la policía si causan alguna muerte mientras están en servicio activo. El anuncio se hizo a través de twitter.

Además, Bolsonaro anunció su intención de publicar un decreto, este mes, para liberalizar la venta y posesión de armas.

La inseguridad de los ciudadanos, junto con la corrupción, son las dos preocupaciones principales para la gente, en particular entre los partidarios de Bolsonaro.

Los expertos y analistas declaran que las medidas de "puño de hierro" tomadas o anunciadas por el Presidente en realidad no tendrían muchas consecuencias prácticas. Por el contrario, podrían provocar un aumento de la violencia.

Brasil es el país en el mundo donde ocurren más muertes violentas: 64.000 personas en 2018. 5-000 de estas son causadas por la policía y muy rara vez los responsables son llevados ante la justicia.

Los primeros desafíos para el presidente y sus primeras medidas anunciaron una era de fuertes tensiones sociales en un país que quedó muy polarizado después de las elecciones.