"La magnitud y la normalización de las expulsiones en las fronteras europeas exigen una acción urgente y concertada por parte de los gobiernos y los parlamentarios", ha declarado hoy Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, al hacer pública una Recomendación dirigida a los gobiernos de los Estados miembros y a los parlamentarios en la que se describe la generalización de las expulsiones y las violaciones de los derechos humanos relacionadas con ellas en las fronteras terrestres y marítimas de toda Europa.  

"Esta Recomendación llega en un momento de gran desafío para la protección de los derechos humanos en Europa", dijo el Comisario. "La guerra en Ucrania ha causado muerte y destrucción y ha obligado a más de 4 millones de personas a abandonar el país en busca de seguridad en otros lugares de Europa. La respuesta inmediata de los países europeos demuestra que es posible situar la protección de la dignidad humana y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en el centro de la acción estatal".

Mijatović señaló que "ese principio debería aplicarse también a la protección de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes procedentes de otras partes del mundo. Lamentablemente, en muchos Estados miembros del Consejo de Europa, han sido objeto de retrocesos durante varios años. Como subraya esta Recomendación, "las devoluciones son contrarias a las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos, porque violan el principio de no devolución, socavan el derecho de asilo, niegan las garantías fundamentales en el procedimiento de retorno y a menudo dan lugar a violencia, tortura y otros malos tratos graves, y a veces incluso ponen en peligro el derecho a la vida". La Recomendación describe cómo hacer retroceder a los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes se está convirtiendo en una política oficial en varios Estados, incluso formalizada en la legislación nacional en algunos casos, y advierte contra los intentos de limitar aún más el escrutinio".

Se identifican cuatro áreas clave de acción que son necesarias para detener el fenómeno, declaró Mijatović, quien además afirmó:

"En primer lugar, los Estados deben garantizar el cumplimiento de buena fe de sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y dejar de eludir su responsabilidad. "El desprecio de los Estados por sus obligaciones está socavando el Estado de derecho y las protecciones de los derechos humanos que tanto ha costado conseguir. Esto pone en peligro a todos, no sólo a los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes".

En segundo lugar, los Estados deben mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas reforzando los mecanismos independientes de vigilancia de las fronteras, que son cruciales para evitar las devoluciones, sacar a la luz las violaciones y luchar contra la impunidad.

En tercer lugar, todos los Estados miembros del Consejo de Europa deben reconocer que los rechazos son un problema grave y paneuropeo, lo que exige que todos ellos actúen, incluso denunciando estas violaciones de los derechos humanos y exigiendo responsabilidades a sus homólogos. "Ante la abrumadora evidencia de los pushbacks en toda Europa, todos los Estados miembros, incluidos los que no los llevan a cabo directamente, deben dar un paso adelante y denunciarlos. No hacerlo equivaldrá a condonar silenciosamente las violaciones de los derechos humanos", advirtió el Comisario.

En cuarto lugar, los parlamentarios deben movilizarse y asumir su responsabilidad para impedir que se aprueben las propuestas legislativas que permiten los pushbacks y para derogar cualquier legislación de este tipo que ya esté en vigor, pedir cuentas a los gobiernos y utilizar sus mandatos para denunciar las violaciones de los derechos humanos cuando se produzcan".