El informe se centra en tres asuntos centrales: el incremento de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y antiguos guerrilleros de las FARC-EP que estaban en el proceso de reincorporación a la vida civil; la crisis económica y social, las violaciones de derechos humanos en los territorios debido a la destrucción por la fuerza de cultivos ilegales; y la profunda crisis en las prisiones que se ha cobrado la vida de varios presos en el último mes.

La Marcha Patriótica enfatiza, en la introducción del informe, que “las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar y luchar contra los efectos del coronavirus, deben garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, y a la seguridad del pueblo colombiano, particularmente en la Colombia rural, que ha sido históricamente condenada a la pobreza y ha sufrido una aguda exclusión social, sin infraestructuras, conectividad ni recursos sanitarios”.

El informe desvela, por ejemplo, que desde la declaración de auto-aislamiento como medida preventiva, 26 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados.

El 88% de estos crímenes que fueron llevados a cabo contra defensores de derechos humanos en los territorios rurales. Estos líderes sociales pertenecían a organizaciones de campesinos, pueblos indígenas y afro-descendientes, y formaban parte de organizaciones nacionales como la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos- Coordinadora Agraria Nacional.

El informe subraya también que el departamento más afectado es el Cauca con 13 asesinatos, seguido del Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Córdoba y Putumayo.

La preocupación principal es que según el muestreo realizado por la Marcha Patriótica, 2020 ha sido uno de los años más violentos desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. En lo que llevamos de año han sido asesinados 95 líderes sociales y antiguos guerrilleros.

El informe concluye que no hay suficientes medidas de seguridad para proteger la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos en Colombia y de aquellos que trabajan por la paz y la implementación de los acuerdos.

Por tanto, la Marcha Patriótica, requiere de forma urgente que el estado coordine sus instituciones para prevenir, proteger, reparar y llevar a cabo acciones que garanticen que este exterminio se acabe y se realice una investigación adecuada que lleve ante la justicia los responsables.