La audiencia final del caso contra Ceylan Aslan, ex concejal municipal de Ergani (Erxenî), se celebró en el 11.º Tribunal Penal Superior de Diyarbakır. Aslan fue procesada por los cargos de pertenencia a una organización ilegal y violación de la Ley n.º 2911 sobre reuniones y manifestaciones por participar en declaraciones, acciones y eventos organizados por su partido en relación con la huelga de hambre iniciada por Leyla Güven, co-presidenta del Congreso de la Sociedad Democrática (DTK).

Ceylan Aslan, destituida por el Ministerio del Interior turco, no asistió a la audiencia, aunque su abogada, Seda Zengin, sí estuvo presente. Reiterando la opinión presentada en la audiencia anterior, el fiscal solicitó la condena de Ceylan Aslan. El tribunal anunció entonces su veredicto, condenando a Aslan a 7 años y 6 meses de prisión por “pertenencia a una organización ilegal”, más 6 meses adicionales por “violación de la Ley Nº 2911 sobre reuniones y manifestaciones”.

Pérdida de derechos en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de “terrorismo”, un término indefinido, por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Además, el gobierno turco está constantemente destituyendo a cargos electos y sustituyéndolos por fideicomisarios afines al régimen de Erdogan, lo que contraviene todos los principios democráticos. En lugar de sustituir a los cargos destituidos por los segundos en su lista, los cargos son arrebatados a los partidos que salieron victoriosos en elecciones y entregados al gobierno central.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en que desde el propio gobierno se habían hecho declaraciones y dado pasos para establecer un proceso de paz de cara a resolver la cuestión kurda, uno de las principales conflictos en Turquía y el Kurdistán Norte de cara al establecimiento de una convivencia pacífica. El líder popular kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999, según el que no puede reunirse ni comunicarse ni con sus familiares ni tan siquiera con sus abogados, acogió de buen grado estos pasos e hizo una declaración histórica. Sin embargo, desde entonces el gobierno turco no ha dado ni un solo paso en la consecución de una solución, abogando sin embargo por continuar con golpes políticos contra la democracia y ataques de invasión en otras zonas del Kurdistán como en Siria o Irak.

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