En una  declaración adoptada  hoy tras un debate urgente, el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa ha pedido a las autoridades turcas que dejen de perseguir y detener a representantes electos de los partidos de la oposición; liberen a los detenidos actuales, incluido el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y el alcalde de Van y miembro del Congreso, Abdullah Zeydan; garanticen los derechos de la defensa y se abstengan de hacer un uso extensivo de la prisión preventiva cuando falten pruebas claras de una sospecha razonable.

El Congreso expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones laborales de los representantes electos locales y regionales y el debilitamiento de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Turquía. Esto se ha visto marcado por la intensificación de los despidos, arrestos y procesamientos de alcaldes de la oposición por terrorismo y corrupción, y su sustitución, en muchos casos, por síndicos designados. Esta práctica ha sido condenada reiteradamente por el Congreso por violar la Carta Europea de Autonomía Local.

La Declaración afirma que la incesante campaña de acoso judicial contra el alcalde İmamoğlu desde su primera elección en 2019 se ha utilizado para restringir su derecho a presentarse como candidato. Por otra parte, el presidente del Congreso calificó la prisión preventiva de İmamoğlu el 23 de marzo como un atentado contra la democracia. Desde 2016, cerca de 150 alcaldes han sido destituidos y reemplazados, y millones de personas han visto negada su voz democrática en Turquía. La detención del Sr. İmamoğlu pone en riesgo la administración de los más de 16 millones de ciudadanos del municipio más grande de Europa por parte de un administrador no electo.

La Declaración también condenó las prohibiciones generalizadas de las manifestaciones públicas, como las que se aplicaron en municipios donde los alcaldes fueron destituidos o arrestados, afirmando: "Esta práctica pone de relieve que la libertad de expresión y de reunión ha sufrido amplias restricciones en los últimos meses, a medida que el país se ha desviado de las normas y estándares democráticos".

La Declaración reafirmó que las autoridades locales y regionales son fundamentales para el mantenimiento y la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Subrayó el derecho de las autoridades locales a ejercer libremente su autogobierno sin temor a persecución ni represalias, independientemente de las opiniones políticas de sus líderes y representantes. Esto, afirmó, es inherente al requisito del pluralismo político en los sistemas democráticos.

El Congreso subrayó su compromiso de mantener un diálogo político constructivo con las autoridades de Turquía, en particular en el marco de la hoja de ruta posterior al seguimiento y la organización de una visita de los dirigentes del Congreso y de los corresponsales sobre la situación de la democracia local en Turquía; se organizará una visita de investigación a Turquía lo antes posible para buscar reuniones cara a cara con los alcaldes que han sido detenidos, incluido el alcalde İmamoğlu.