'Seguimiento de la aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local en Turquía' es el título del informe adoptado por la 42ª Sesión del Congreso de Autoridades Locales y Regionales.

El informe fue presentado por los coponentes Vladimir Prebilic (Eslovenia, SOC/G/PD) y David Eray (Suiza, PPE/CCE). 

El informe es la continuación de una visita de control en tres etapas a Turquía, país que ratificó la Carta Europea de Autonomía Local en 1992, con reservas sobre diez disposiciones de la Carta. Las dos primeras etapas tuvieron lugar, respectivamente, en octubre y noviembre de 2019. En diciembre de 2021 se realizó otra visita para actualizar la información recogida en 2019 y racionalizar el informe ya elaborado.

El informe señaló con "satisfacción la impresionante participación en las recientes elecciones locales que tuvieron lugar en 2019 (por encima del 84%), que es una de las más altas de los Estados miembros del Consejo de Europa y muestra un fuerte interés en el autogobierno local entre los ciudadanos."

Sin embargo, el informe señaló una "situación generalmente degradante en términos de autogobierno local". Los ponentes expresan su preocupación por los escasos avances en la aplicación de la Recomendación 397(2017) del Congreso sobre la situación de los representantes electos locales en Turquía. También deploran la negativa de la administración electoral provincial a conceder el certificado de elecciones requerido a varios candidatos que ganaron las elecciones. Señalan la doble función del gobernador como agente del Estado y presidente del comité ejecutivo provincial, que es contraria al espíritu de la Carta, así como la tutela administrativa sobre las actividades y decisiones de las autoridades locales; el exceso de regulación e intervencionismo del Estado en las decisiones de planificación de las autoridades locales; la falta de consulta a las autoridades locales afectadas durante los cambios de límites promulgados por la legislación; la limitada capacidad de las autoridades locales para determinar la tasa de los impuestos locales y el hecho de que una gran proporción de los ingresos locales (más de la mitad) sigue procediendo del presupuesto del Estado, lo que limita la autonomía financiera de que gozan las autoridades locales. "

El informe pedía "a las autoridades nacionales que modifiquen la definición de terrorismo en la legislación actual, de modo que no permita una interpretación excesivamente amplia y garantice una aplicación estricta del gobierno y el respeto de los derechos humanos y los valores de la democracia representativa, y que pongan fin a la práctica actual de destitución de alcaldes sin decisiones judiciales con el fin de respetar la presunción de inocencia y el sistema de representantes elegidos democráticamente".

El informe también "invita a las autoridades nacionales a abandonar la práctica de nombrar un fideicomisario del gobierno en los municipios en los que el alcalde ha sido suspendido; a garantizar que los candidatos que fueron admitidos a presentarse a las elecciones y las ganaron puedan disfrutar efectivamente de su derecho a desempeñar su mandato; a introducir modificaciones legales para que el gobernador deje de ser de iure el jefe de la administración provincial especial y el presidente del comité ejecutivo; a aplicar el principio constitucional de la tutela administrativa al nivel más bajo posible de intensidad; a reforzar la consulta de las autoridades locales y a aumentar la proporción de los ingresos locales propios".