El gobierno alemán pide a Turquía que cumpla la sentencia del TEDH y libere a Demirtaş

El gobierno alemán pide “enérgicamente” a los dirigentes turcos de Ankara que cumplan las sentencias del TEDH, en referencia directa al político kurdo encarcelado en Turquía Selahattin Demirtaş.

El gobierno alemán pide al gobierno turco que acate las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y cumpla sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en referencia al político kurdo Selahattin Demirtaş, quien lleva más de cuatro años encarcelado en Turquía.

“El TEDH ha determinado que Turquía viola el CEDH al encarcelar a Selahattin Demirtaş y que actúa por motivos políticos”, escribió el secretario de estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Berger, en respuesta a la pregunta de la diputada de Die Linke, Helin Evrim Sommer, en el Parlamento alemán (Bundestag). “El gobierno alemán ha instado a Turquía a liberarlo inmediatamente y seguirá trabajando en los órganos del Consejo de Europa para que Turquía aplique las sentencias del TEDH”.

El ex co-presidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y abogado de derechos humanos Selahattin Demirtaş fue detenido en noviembre de 2016 junto a numerosos diputados de su partido, y posteriormente encarcelado. Desde entonces, ha permanecido preso en la cárcel de alta seguridad de la provincia de Edirne, al oeste de Turquía. La Gran Sala del TEDH ordenó la liberación inmediata del político de la oposición a finales de diciembre. Sin embargo, Turquía aún no ha aplicado la sentencia, a pesar de su obligación de acatarla como miembro del Consejo de Europa. El Tribunal de Estrasburgo ya dictaminó en 2018 que el político debía ser liberado.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó entonces al TEDH de “hipócrita” y dijo que la sentencia del caso Demirtaş tenía una motivación “política”. El político del HDP se enfrenta a hasta 142 años de prisión por los llamados cargos de terrorismo, aunque hasta el Tribunal Constitucional de Turquía dictaminó en junio que su detención era ilegal. La acusación se basa en 31 informes de investigación presentados al Parlamento turco durante su etapa como diputado para acabar con su inmunidad.

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