La explosión de una poderosa bomba dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá (Colombia) el pasado jueves causó la muerte de 21 personas e hirió a otras 68.

Las autoridades colombianas han informado que la acción fue llevada a cabo por lo que parece ser una bomba suicida. El autor del material, identificado como José Almedas Rojas Rodríguez, irrumpió en la institución policial por la fuerza, rompió la barrera de seguridad y llegó al patio ceremonial donde detonó el coche que conducía cuando se estaba celebrando una ceremonia para nuevos cadetes.

Ya se ha confirmado que una de las víctimas fue un cadete de la policía ecuatoriana, y entre los heridos hay varios cadetes de ese mismo país y de Panamá.

Según diversas fuentes, 58 de los heridos están leves y ya han sido dados de alta.

La Fiscalía también ha informado que la bomba estaba compuesta por 80 kg de pentalita, una poderosa mezcla explosiva de TNT y pentito, que se utiliza para fabricar minas antipersonas.

Todos los partidos del país han rechazado y condenado el ataque mortal, al igual que todos los países de la región, sin excepción.

El impacto político y social del ataque ha sido enorme y, aunque el presidente del país, el derechista Ivan Duque, declaró que “este ataque demente no quedará impune”, el ex-comandante insurgente de las FARC-EP, Pastor Alape ha dicho que “el ataque ha sido una provocación contra la solución política del conflicto”, en clara referencia no solo al Acuerdo de Paz de La Habana, firmado por el Gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en noviembre de 2016, sino también a la decisión del actual presidente de romper las negociaciones en curso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El poderoso ataque ha agudizado el sentimiento político y social de que el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido una oportunidad perdida para resolver, por medios pacíficos y políticos, el conflicto armado que Colombia ha vivido durante seis sangrientas décadas.

Desde la firma del Acuerdo, más de 300 líderes sociales, activistas de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP (ahora un partido legal con el nombre de FARC) han sido asesinados sin que el Estado haya hecho grandes esfuerzos para identificar a los autores materiales e intelectuales. A esto debemos agregar un desinterés gubernamental permanente para implementar otros capítulos acordados de importancia económica y social en la aplicación de justicia transitoria.

Queda por aclarar quiénes han sido los inductores del ataque sangriento y sus verdaderas intenciones, pero parece claro que las consecuencias serán el fortalecimiento del “incumplimiento” de los acuerdos y la negativa presidencial a reanudar las negociaciones con el ELN.