El 4 de enero, 13 gobiernos del denominado Grupo de Lima realizaron una declaración en relación a la juramentación del cargo de Nicolas Maduro al frente de la presidencia de Venezuela. La declaración es bastante inusual en el contexto diplomático, ya que incluye un carácter abiertamente intervencionista, violando la soberanía nacional venezolana.

El texto de la declaración afirmaba “no reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”, mientras le emplazaban a no jurar el cargo y delegar la presidencia a la Asamblea Nacional (el parlamento con mayoría de la oposición) y por tanto cuestionaba la separación de los poderes constitucionales y minusvaloraba los otros poderes constitucionales, como el Tribunal Supremo y también la Consejo Nacional Electoral, la más alta autoridad en materia electoral.

La declaración también denunciaba la reciente “exhibición militar” de la fuerza naval venezolana en una región que, según el documento, es “una zona económica exclusiva” de la vecina República de Guayana. Los firmantes de la declaración por tanto se erigían en jueces internacionales de la disputa sobre la frontera entre los dos países (Venezuela y Guayan) con más de 100 años de historia. Una disputa que nunca ha provocado una confrontación armada y ha sido tratada en negociaciones entre las dos naciones.

La posición abiertamente a favor de las facciones extremistas de la oposición venezolana, dividida y con intenciones golpistas, parece una verdadera actitud de guerra e incentiva los intentos de violar la soberanía constitucional de Venezuela. Además, supone la preparación de posibles intervenciones militares.

La declaración también solicita a los países firmantes y del resto del mundo “reconsiderar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela”. Asimismo, recomienda la implementación de sanciones contra dirigentes o líderes del gobierno venezolano así como detener cualquier posible ayuda financiera de las instituciones nacionales o internacionales.

Sin embargo, 10 de los 13 países firmantes, ya han realizado rectificaciones sobre algunos puntos de la polémica declaración.

Por otro lado, México no solo ha rechazado participar en la declaración sino que, tal como ha anunciado su presidente López Obrador, el país ha abandonado el Grupo de Lima completamente. Obrador ha reafirmado su respeto por la soberanía de todas las naciones.

Mientras tanto, en la ceremonia de juramento de la presidencia de Venezuela que ha tenido lugar en Caracas, los líderes de Cuba, Bolivia Nicaragua, El Salvador así como de varias delegaciones internacionales han hecho acto de presencia.

La campaña exterior contra el gobierno de Venezuela también ha supuesto que unos 45 estados miembros de la ONU, de un total de 195, hayan anunciado que no reconocen al Presidente Maduro, a pesar de su victoria en las elecciones con un 67% de los votos (la participación fue baja con tan solo un 47% del censo). Sin embargo, los candidatos de la oposición solo obtuvieron un 35% de los votos y las elecciones gozaron de unas condiciones limpias, transparentes y seguras.

La lista de países que no reconocen al nuevo gobierno, aparte de los 13 firmantes de la declaración del Grupo de Lima, son, como era esperable, los EEUU y sus aliados más cercanos, así como Japón y Alemania y el Reino Unido en Europa.

La respuesta del Canciller de Relaciones Exteriores de Venezuela ha sido contundente. Para el canciller la declaración supone un "hecho sin parangón en la historia de la región".

“Venezuela responderá recíprocamente a este texto, con la correspondiente proporcionalidad”, ha aseverado el canciller.

Este próximo mes de abril, Venezuela abandonará su participación en la OEA (Organización de Estados Americanos) tras los numerosos posicionamientos agresivos contra Venezuela de su Secretario General el uruguayo Carlos Almagro así como de EEUU y Canadá.