Las ejecuciones extrajudiciales (conocidas como falsos positivos) ocurrieron en 12 departamentos del país, a saber, Antioquia, Huila, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira y Magdalena, y contaron con la participación de oficiales de policía y miembros del Ejército Nacional.
Además, en seis de los casos, participarían miembros de la policía y en los otros seis, del ejército.
La Alta Comisionada Bachelet dijo que "varios expertos de la ONU han indicado que el uso del Ejército en la lucha contra la delincuencia puede conducir a un aumento de las violaciones de los Derechos Humanos".