Esta mañana temprano, la policía lanzó una operación a gran escala contra el Congreso Democrático de los Pueblos (HDK), que está formado por instituciones civiles que representan a diversos grupos sociales. En la opración se allanaron los domicilios de 52 personas, entre ellas dirigentes de partidos afiliados al HDK como el DBP, EMEP, SYKP, ESP y el Partido Verde-Izquierda, así como periodistas, abogados y artistas, y muchas de estas personas fueron detenidas.

En un comunicado sobre la operación, Ebru Günay y Berdan Öztürk, coportavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido DEM, denunciaron lo siguiente:

“Sin duda, esta operación forma parte de la intervención de ingeniería política llevada a cabo por el gobierno del AKP a través de las instituciones judiciales. El poder judicial en Turquía se ha transformado en una estructura que prioriza los intereses del gobierno en lugar de la justicia, como se ve en el nombramiento de síndicos en los municipios, las numerosas demandas presentadas contra políticos de la oposición y el silenciamiento de los medios de comunicación. En las elecciones locales, la estrategia del Consenso Urbano se implementó en los municipios metropolitanos y distritales de Estambul, logrando un éxito significativo contra el AKP.  El HDK ha sido una fuerza crucial detrás del Consenso Urbano. Por esta razón, el gobierno está tratando de presentar esta iniciativa completamente civil y social como un "acto criminal" a través de medios judiciales, y en este contexto, está amenazando al HDK y sus componentes con acusaciones infundadas y prisión.

Así como las plataformas civiles son un elemento indispensable de la democracia en los sistemas democráticos, especialmente en Europa, las instituciones formadas por diferentes grupos políticos y sociales en Turquía también son fundamentales para el progreso democrático en el país. El gobierno del AKP considera ahora la libertad de organización, uno de los principios más básicos tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la Constitución de la República de Turquía, como una "actividad terrorista", lo que lleva a la criminalización de toda iniciativa de la oposición a través del poder judicial. En otras palabras, se está llevando a cabo una práctica golpista continua contra la oposición en Turquía.

Todas las fuerzas democráticas de Turquía continuarán su lucha legítima sin concesiones para poner fin a esta forma de gobierno, que ha convertido a Turquía en un foco de inestabilidad regional. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que sea más sensible a las prácticas antidemocráticas en Turquía y se solidarice con las fuerzas democráticas del país”.