Desde hace varios días, en la ciudad de Gwadar, en la región baluche ocupada por Pakistán, se producen manifestaciones masivas de hombres y mujeres que demandan un Baluchistán libre y que sus derechos más básicos sean respetados. Hasta ahora, la única respuesta del gobierno paquistaní fue una represión sostenida, que ya dejó como saldo varios muertos. Instituciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) denunciaron la situación actual y reclamaron a Islamabad cesar la represión y liberar a las personas detenidas.

El caos y los hechos de violencia generados por el ejército paquistaní comenzaron el domingo 28 de julio, cuando unas doscientas mil personas se reunieron en Gwadar para iniciar la Reunión Nacional Baluche (Baloch Rajee Muchi). En este encuentro se congregaron decenas de organizaciones políticas y sociales que demandan la independencia de Baluchistán, un territorio divido entre Paquistán, Afganistán e Irán.

Un informe de Medya News indicó que como respuesta a la convocatoria “las fuerzas paquistaníes acordonaron la ciudad y mataron al menos a cuatro manifestantes, además de herir a muchos más”. El denominado movimiento independentista baluche -disperso en diferentes expresiones tanto políticas como armadas- reclama la autodeterminación de su pueblo desde hace décadas.

Según la descripción de Medya News, el ejército paquistaní bloqueó las rutas que llevan a Gwadan y sitió la ciudad. El medio kurdo describió que la gente “ha quedado atrapada bajo temperaturas récord y con poco acceso al agua. El ejército también abrió fuego contra los manifestantes que intentaban llegar al lugar de la concentración y atropelló a la multitud con vehículos blindados”.

En un video reciente, la principal referenta del movimiento baluche, Mahrang Baloch, denunció que Pakistán “ha iniciado una gran represión contra la reunión nacional. Hasta ahora, no tenemos informes desde fuera de Gwadar. Sin embargo, en Gwadar los militares han tomado el control de las calles”.

Mahrang es la lideresa del Comité de Unidad Baluche (BYC, por sus siglas originales), médica y una reconocida activista por los derechos humanos, que vivió en carne propia la represión paquistaní. En 2009, su padre fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y, dos años más tarde, fue encontrado muerto con signos de tortura. En una de sus últimas declaraciones, la joven baluche de 31 años reveló que los uniformados que ingresaron a Gwadar arrestaron a casi mil personas.

En declaraciones a la prensa, otra activista baluche, Sadia Baloch, resumió la importancia de las protestas que encabezan y por qué Gwadan es un punto crítico entre su pueblo y las autoridades paquistaníes. “Se dice que Gwadar es un punto de inflexión para Pakistán y China, por lo que era importante decirles a ellos y a los medios internacionales que esta tierra nos pertenece”, aseveró.

En un informe de mayo de 2024, la agencia de noticias ANF resumió la importancia y las tensiones alrededor de la ciudad baluche ocupada por Paquistán. Según el artículo, Gwadar, una localidad portuaria en el mar Arábigo, se convirtió en “un punto estratégico” de Islamabad con la implementación, desde 2014, del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), valuado en sesenta mil millones de dólares. En el informe reproducido por ANF se destacó que la costa de Baluchistán controlada por Pakistán es “la entrada más cercana a la ruta marítima hacia el oeste. Pakistán, débil tanto económica como políticamente y también experimentado en la opresión de minorías étnicas y religiosas, es el socio perfecto, o mejor dicho el objeto, para los planes chinos”.

Las protestas ante la represión de las fuerzas paquistaníes ya se extendieron a otros pueblos y ciudades, como Quetta, Kech y Mastung. Desde Amnistía Internacional denunciaron que cada vez “que se producen protestas baluches, las fuerzas de seguridad responden a sus demandas con violencia y detenciones masivas. Lo vimos en diciembre del año pasado en la Gran Marcha Baluche. Lo volvemos a ver ahora con las protestas baluches de Rajee Muchi, en lo que es claramente un intento punitivo de las autoridades paquistaníes de disuadir, vilipendiar y criminalizar a los manifestantes pacíficos”.

Además, desde AI apuntaron que los informes sobre las muertes producidas y la detención de activistas como Sammi Deen Baloch, Sabghatullah Shah y la Doctora Sabiha Baloch, “son sumamente preocupantes y revelan el continuo deterioro de los derechos civiles y políticos en Pakistán”. Amnistía Internacional pidió a su vez “que se ponga fin a la brutal represión de las protestas baluches y que se ponga en libertad de inmediato e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho de reunión pacífica”.

Desde HRW también se sumaron a las denuncias y demandaron a las autoridades paquistaníes “actuar con moderación al responder a las manifestaciones en la provincia de Baluchistán, liberar a todas las personas detenidas por protestar pacíficamente y restablecer el acceso a Internet”. Patricia Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch, declaró que el gobierno de Islamabad debe “respetar el derecho a la protesta y a la reunión pacíficas y, cuando los medios no violentos resulten ineficaces, utilizar únicamente la fuerza mínima necesaria”.

En HRW recordaron que el gobierno central tiene que abordar con urgencia “la cuestión de las desapariciones forzadas, que se consideran un delito permanente”, uno de los principales reclamos del pueblo baluche, que es una víctima sistemática de esta método ilegal de represión por parte de la administración central. Diversos activistas baluches y organizaciones políticas afirmaron en varias ocasiones que desde 2004 se han producido siete mil desapariciones forzadas en el Baluchistán ocupado. A su vez, desde marzo de 2011 la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas de Pakistán recibió miles de denuncias de desapariciones forzadas en todo el país, recordaron en HRW.

Según el censo de 2023, en la región baluche ocupada por Pakistán viven aproximadamente quince millones de personas, de los doscientos cuarenta millones de habitantes en todo el país. Baluchistán se extiende en el 44 por ciento del territorio paquistaní, el este de Irán y el sur de Afganistán. En Irán, totalizan el dos por ciento de la población del país, con menos de un millón y medio de habitantes. El territorio es rico en recursos naturales, incluidas reservas de petróleo, carbón, oro, cobre y gas, que generan ingresos sustanciales para el gobierno paquistaní, pero al mismo tiempo la región es la más pobre del país.

El pueblo baluche tiene sobre sus espaldas una historia profunda en Asia Central. Entre las versiones sobre sus orígenes, la más certera es que su nacimiento fue con las tribus que se desplazaron desde el mar Caspio hacia los territorios de Pakistán, Irán y Afganistán entre los siglos V al VIII de nuestra Era (nE). El pueblo baluche formó parte del Imperio Persa desde el año 1510 hasta el 1736 (nE), cuando el denominado Kanato de Brahui de Kalat obtuvo el control del territorio. A partir de ese momento, se estableció una dinastía hasta el año 1839, cuando fue ocupado por tropas británicas. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña firmó acuerdos con persas y afganos para dividir Baluchistán entre el este, controlado por Londres, y el oeste, bajo control persa. El idioma de los y las baluches pertenece al grupo noroccidental de las lenguas iranias -con similitudes con el kurdo- y está dividido en tres grandes subgrupos. En los siglos XIX y XX, en Baluchistán se utilizó el persa como forma escrita de su idioma materno y, a mediados del siglo pasado, adoptaron el urdu. La mayoría de los baluches son musulmanes sunitas, pero existe una minoría chiita y, en Pakistán hay zikis, otra minoría conocida como mahdavismo, un subgrupo del Islam fundado por Syed Muhammad Jaunpuri en el siglo XV.

La lucha del pueblo baluche por su independencia se recrudeció en 1948, tras la partición del Imperio Indio Británico en 1947, que más tarde daría paso a la creación de India, Pakistán y Bangladesh. Hasta el día de hoy, esa lucha de los hombres y las mujeres de Baluchistán sigue vigente.

Fuente: Leandro Albani para Nueva Revolución