Una coalición de organizaciones de derechos humanos y organismos jurídicos convocará un Tribunal Popular histórico en Bruselas los días 5 y 6 de febrero para examinar presuntos crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos en el norte de Siria. El tribunal, que tendrá su sede en la Universidad Libre de Bruselas (VUB), tiene como objetivo documentar y exigir responsabilidades por lo que los organizadores describen como ataques sistemáticos contra la población civil y la infraestructura por parte de las fuerzas turcas y grupos afiliados en la región conocida como Rojava.

La Internacional Progresista afirmó que "esta iniciativa surge en medio de una evidencia creciente de graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo el desplazamiento forzado de comunidades kurdas, la destrucción de sitios de patrimonio cultural y lo que la ONU ha calificado como interrupciones ´críticas´ de la infraestructura civil esencial. Es especialmente preocupante el ataque repetido a la estación de agua de Alouk, que ha dejado a más de un millón de personas sin acceso fiable a agua potable, una acción que los organizadores sostienen que constituye una violación de la Resolución 64/292 de la ONU que establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental".

El tribunal examinará varias acusaciones graves, entre ellas el uso de armas prohibidas contra objetivos civiles, la destrucción sistemática de lugares religiosos yazidíes y casos de asesinatos políticos selectivos, como el de Hevrin Khalaf, secretaria general del Partido del Futuro de Siria. Estas acciones se evaluarán en relación con los marcos jurídicos internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra y el derecho humanitario consuetudinario, a pesar de que ni Turquía ni Siria son partes del Estatuto de Roma.

El proceso cuenta con el apoyo de una amplia coalición que incluye a la Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria (DAANES), el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) y múltiples organizaciones de vigilancia de los derechos humanos que operan en las regiones afectadas. La iniciativa representa un intento significativo de documentar las presuntas violaciones a través de marcos jurídicos formales, incluso en ausencia de la jurisdicción de los tribunales internacionales tradicionales.

Si bien los Tribunales Populares carecen de poder de ejecución formal, históricamente han servido como vehículos importantes para documentar violaciones de derechos humanos y generar conciencia internacional. Tribunales anteriores han examinado casos que abarcan desde la guerra de Vietnam hasta crímenes ambientales, y a menudo han aportado documentación valiosa para futuras iniciativas de rendición de cuentas.

El tribunal se reunirá el 5 y 6 de febrero de 2025, un momento crucial para que la sociedad civil internacional examine la crisis actual en el norte de Siria.