Actualmente en el país hay confirmados 387 infectados, 8 muertos y 52 personas dadas de alta. Seis días atrás, cuando se dio inicio a la cuarentena obligatoria, el número de infectados era de 128 y 3 era el número de muertos.

La medida del presidente argentino Alberto Fernández, indicaba situaciones permitidas para salir de los hogares: hacer compras en negocios cercanos a los domicilios, como almacenes, supermercados, farmacias, ferreterías, necesario para garantizar la alimentación y vida cotidiana durante la cuarentena. También describe las excepciones a la cuarentena, los que sí pueden circular: como a funcionarios de gobierno, trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad, trabajadores de la producción de alimentos, fármacos y otras actividades, como las vinculadas a la energía, y a periodistas y medios de comunicación.

A pesar de la explícita lista de cosas permitidas y no, muchas personas violaron la cuarentena, incluso aquellas que venían de países considerados de riesgo. Pero el principal problema en este momento es el impacto en la economía y en los sectores más vulnerables, ya que antes del escenario pandémico ya un 40% de los argentinos vivía por debajo de la línea de pobreza, y el subempleo, empleo informal y el desempleo, crecían exponencialmente.

La preocupación en las familias, pequeñas empresas, comercios, etc., no solo radica en no contagiarse de coronavirus, sino en la duración de la cuarentena frente a la no posibilidad de generar ingresos para cubrir lo básico: el alimento, los servicios esenciales, etc.

En vista de esta realidad social, política y económica en Argentina y el mundo, y de que la cuarentena se extenderá al menos por 15 días más, el gobierno de Alberto Fernández dictó varias medidas de orden económico:

-Un pago único, en principio durante abril, de $10.000 que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan, para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años. Esta medida es de 3,6 millones de personas.

-Suspender por 180 días la facultad que tienen las empresas concesionarias de servicios públicos de cortar la prestación del mismo cuando existan tres facturas consecutivas impagas. Esta medida abarca a familias receptoras de la AUH y asignación por embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas con ingreso mensual no superior a dos salarios mínimos; monotributistas sociales, jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta no superior a dos salarios mínimos, quienes perciben seguros de desempleo, electro dependientes y trabajadores de casas de familia.

-No se podrán cerrar cuentas bancarias ni imponer multas a clientes motivados en la existencia de cheques rechazados hasta el próximo 30 de abril. Tampoco podrán negarse créditos a empleadores que adeuden pagos previsionales, un requisito hoy indispensable para obtener financiamiento en el sistema bancario.

También el Ministerio de Transporte prorrogó la suspensión hasta el 31 de marzo de los vuelos de cabotaje y los servicios terrestres de media y larga distancia, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

La otra cara de la cuarentena obligatoria

Una de las características de la cuarentena obligatoria en Argentina es que el control de la no circulación de la personas quedó en manos de las fuerzas de seguridad del país, las mismas que diariamente desde hace años, son denunciadas por la violación de derechos, golpizas, muerte, tortura e incluso desapariciones forzadas. Este escenario hace crecer la preocupación de organismos de derechos humanos, sobre todo con la circulación en redes de videos que muestran a la policía realizando razias en los barrios, disparando a los balcones de las casas desde donde se graban los actos violentos que la policía efectuaba en barrios pobres, entre muchos otros hechos.

Actualmente se ha indicado que hay más de 20000 personas detenidas, pero según el informe de Correpi  (Coordinadora Contra la Represión Policial) la preocupación también está en que sucede con esas personas detenidas: “A medida que pasan los días se complejiza más poder hacer el seguimiento de las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad y federales en todo el país.

Por una parte, se genera oficialmente la confusión, por ejemplo cuando el mismísimo Ministerio de Seguridad de la Nación dice “hubo 896 personas detenidas por violar la cuarentena en todo el país, mientras que son 9.621 las personas que fueron notificadas y enviadas a sus casas”. Lo que no dicen es que esas 9.621 personas fueron detenidas (“demoradas”, “aprehendidas”), hasta que el órgano judicial interviniente, en la mayoría de los casos horas después, definió que se les debía labrar un acta contravencional o notificarles la formación de una causa penal ordinaria o federal en su contra y dejarlas ir o conducirlas a su domicilio. Por otra parte, hay distritos de los que es prácticamente imposible obtener la cifra total”.

Uno de los puntos llamativos es que en los barrios cerrados y barrios señalados de clase alta los policías solo están advirtiendo a quienes violan la cuarentena que deben regresar a sus domicilios, pero en los barrios pobres esa advertencia se transforma en abuso policial, golpizas, disparos contra las viviendas, etc..

Los presos, el sector más desprotegido

Las primeras denuncias en Argentina sobre los que estaba sucediendo en las cárceles con relación al escenario del coronavirus, fueron antes de dictarse la cuarentena obligatoria, los presos y sus familiares reclamaban que les habían negado las visitas que, en muchos casos, es el único medio para que puedan acceder a elementos de higiene, salud, etc. La no aglomeración de personas y las condiciones de higiene son las principales claves para disminuir el riesgo de contagio, las cárceles en el país no sólo no cumplen con ambas condiciones, sino que son los lugares de encierro los que más violaciones de condiciones sanitarias y de hacinamiento inhumano tienen.

También hay denuncias de que no están entregando elementos suficientes de higiene a los presos, para hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Frente a este escenario que pone en riesgo la salud de las personas detenidas en cárceles, y en los últimos días circularon imágenes de la represión que están sufriendo quienes reclaman esto: golpizas, balas de gomas, etc..

La situación ha empujado a los presos a tomar medidas extremas y ya hubo amotinamientos y reclamos organizados en las cárceles de Florencio Varela, en Buenos Aires, y Coronda y Las Flores en Santa Fe. En particular, según trascendió en varios medios hoy, en Las Flores murieron 4 presos y en Coronda hay 1 muerto y varios heridos.

"Cuando en Las Flores se avanzó sobre la farmacia se decidió interrumpir el diálogo y recuperar los pabellones tomados", explicó el secretario de Asuntos Penales de Santa Fe, Walter Gálvez a un medio local.

En un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia mundial del COVID-19, el servicio penitenciario argentino reprimió a los presos que reclaman mejores condiciones sanitarias.

Frente a este escenario que se vive en las cárceles de argentina con el avance del coronavirus, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura envió una nota al Ministerio de Seguridad bonaerense y la Suprema Corte solicitando "medidas urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas detenidas. Entre ellas la aplicación por parte del poder judicial de morigeraciones y arrestos domiciliarios para grupos vulnerables, el uso de la conmutación de penas por el poder ejecutivo, la urgente distribución de elementos de prevención, de comida y medicamentos, y la habilitación del uso de telefonía celular".