El 30 de enero se interrumpió brevemente la transmisión en directo del Parlamento turco. Las violentas protestas del Partido del Pueblo, la Igualdad y la Democracia (Partido DEM), el Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP), el Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el partido islamista Saadet (Felicidad) contra la decisión inconstitucional de privar de su mandato al diputado del TIP por Hatay, Can Atalay, no debían llegar al pueblo. Los diputados y diputadas se dirigieron a la mesa del vicepresidente del Parlamento y al ministro de Justicia, Bekir Bozdağ. Corearon "Libertad para Can Atalay", quien permanece en preso. E incluso, se lanzó un libreto de la Constitución turca a la presidencia parlamentaria.

¿Separación de poderes?

El abogado de derechos humanos Can Atalay fue condenado a 18 años de cárcel por "conspiración contra el gobierno" en 2022 en un juicio en torno a las protestas mundialmente conocidas del parque Gezi. Fue acusado de apoyar al filántropo Osman Kavala, condenado a cadena perpetua agravada por "conspiración" en un juicio político inventado.

En las elecciones parlamentarias del 14 de mayo de 2023, Atalay fue elegido diputado por el TIP. Aunque el veredicto contra Atalay fue confirmado por el Tribunal de Casación, debería haber sido puesto en libertad tras su elección. Sin embargo, el Tribunal de Casación se negó. A petición de Atalay, el Tribunal Constitucional, que en realidad tiene la última palabra en estos casos, consideró que el Tribunal de Casación había violado así su derecho a presentarse a las elecciones y su derecho a la actividad política y ordenó su puesta en libertad. Pero una vez más, se le denegó la puesta en libertad, esta vez en clara violación de la Constitución al no respetar la decisión última formulada por el Tribunal Constitucional de Turquía. Y esto no quedó aquí: el Tribunal de Casación fue aún más lejos y presentó una queja contra los jueces constitucionales por excederse en su jurisdicción, cuando el Tribunal de Casación se extralimitó en sus competencias al ordenar la retirada del mandato de Atalay en tanto que esto sólo puede decidirlo el Parlamento. La mayoría del AKP-MHP impulsó esta decisión el 30 de enero.

Bayindir: "Continuaremos nuestra lucha"

El co-presidente del Partido de las Regiones Democráticas (DBP), Keskin Bayındır, ha descrito la acción como un mecanismo golpista, afirmando que nuevos "golpes contra la política democrática" de este tipo eran inevitables mientras no se resolviera la cuestión kurda. Ha acusado al régimen de no reconocer ni siquiera sus propias leyes y de despreciar por completo la voluntad del pueblo.

Bayındır también ha querido recordar la historia de este planteamiento: "Sin duda, no es la primera vez que vemos funcionar este mecanismo golpista. Este mecanismo de ataque directo a la voluntad del pueblo y a la vía de la lucha democrática tiene sus raíces en los años noventa. En 1994, los diputados del Partido de la Democracia (DEP) fueron eliminados en un golpe político, y hoy está ocurriendo lo mismo bajo el gobierno del AKP-MHP. La actitud de los años 90, que pretendía obstaculizar la lucha del pueblo kurdo por la democracia deteniendo a diputados y prohibiendo partidos políticos, hoy se ha actualizado y se ha transformado en un régimen que desprecia por completo la voluntad del pueblo. Tampoco hay que olvidar el golpe político contra el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) del 4 de noviembre de 2016 y el posterior despojo del mandato de Leyla Güven y Musa Farisoğulları."

A través de la prohibición de partidos, el encarcelamiento de cargos electos y el nombramiento de fideicomisarios sobre municipios gobernados democráticamente, se está usurpando la voluntad de "millones de personas", continuó el político, añadiendo: "La razón por la que este mecanismo golpista sigue funcionando es que aún no se ha creado un entendimiento de lucha serio y fuerte. Por eso insistimos en resolver la cuestión kurda. El gobierno hace caso omiso de la voluntad del pueblo kurdo y ataca todos los ámbitos y dinámicas de la sociedad a su antojo. Mientras la cuestión kurda siga sin resolverse, es inevitable que se produzcan nuevos golpes contra los cauces de la política democrática. Debe quedar claro que esta decisión [sobre Can Atalay] no tiene ninguna validez para nosotros y nosotras. No reconoceremos esta decisión ni daremos un paso atrás ante esta política golpista. Continuaremos nuestra lucha por las políticas democráticas contra el gobierno que incumple abiertamente la ley."

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