Las facciones del Ejército Nacional Sirio (SNA), un grupo armado sirio no estatal, respaldado por Turquía en el noreste de Siria, ha realizado ejecuciones sumarias a civiles y  ha sido responsable de las desapariciones de trabajadores humanitarios en las llamadas "zonas seguras", denunció Human Rights Watch hoy. Aparentemente, el grupo armado también negó el regreso de las familias kurdas desplazadas por las operaciones militares turcas, y saquearon, y se apropiaron ilegalmente y ocuparon sus propiedades.

HRW dijo que Turquía debería investigar los abusos de derechos humanos, en muchos casos posibles crímenes de guerra, en el territorio sobre el que actualmente ejercen un control efectivo, además pidió al estado turco presionar a las fuerzas del SNA para que pongan fin a estos abusos y garantizar que los responsables rindan cuentas. Los comandantes locales del grupo también deberían investigar y responsabilizar a las personas por los abusos.

"Ejecutar individuos, saquear propiedades y prohibir el regreso de las personas desplazadas a sus hogares, es una prueba condenatoria de por qué las "zonas seguras" propuestas por Turquía no son seguras", expresó Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch de Medio Oriente y gregó que "Contrariamente a la narrativa de Turquía de que su operación establecerá una zona segura, los grupos que están utilizando para administrar el territorio están cometiendo abusos contra civiles y discriminando por motivos étnicos".

El 9 de octubre de 2019, las Fuerzas Armadas turcas y sus grupos mercenarios invadieron un territorio en el noreste de Siria, que desde 2012 había estado bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias, integradas principalmente por las Unidades de Protección Popular (YPG), lideradas por los kurdos. Desde que comenzó la incursión, Turquía y las facciones que éste apoya, han bombardeado indiscriminadamente áreas civiles, llevado a cabo al menos siete asesinatos sumarios, ocuparon ilegalmente casas y tiendas de civiles, saquearon las propiedades, y no han dado respuesta sobre los trabajadores humanitarios que desaparecieron mientras trabajaba en sus zonas.

Human Rights Watch entrevistó a 10 personas, incluidos 2 médicos y 3 familiares de víctimas, para documentar estos abusos. Human Rights Watch también revisó imágenes e videos proporcionadas por activistas y familiares que corroboran estos abusos. El 11 de octubre, han aparecido videos e imágenes, incluidas algunas publicadas por el propio SNA, en las redes sociales, que muestran a sus miembros disparando a una persona que estaba acostada sin moverse y que parecía no representar una amenaza, y pararse encima del cadáver de otra persona de manera degradante. Human Rights Watch también documentó la ejecución de la activista política kurda, Hevrin Khalaf, e investigó lo que sucedió con tres trabajadores de ayuda de Media Luna Roja Kurda, que desaparecieron en territorio controlado por el SNA, incluido el aparente asesinato ilegal de al menos uno de ellos.

Human Rights Watch también entrevistó a cinco civiles kurdos entre el 6 y el 11 de noviembre, quienes dijeron que las fuerzas del grupo armado estaban ocupando sus hogares y otras propiedades, y les habían impedido arbitrariamente a ellos y a sus familiares regresar. Un periodista de origen kurdo de Reuters publicó fotos de su casa el 30 de octubre, alegando que el grupo la había ocupado. En otro caso, las fuerzas del grupo mercenario mataron a tres hombres kurdos que habían estado tratando de regresar a la ciudad de Ras al-Ayn, según testigos y familiares, y evitaron que otro hombre kurdo regresara mientras permitían que los residentes árabes ingresaran.

Tanto el derecho internacional humanitario como las leyes relacionadas con la protección de los derechos humanos, prohíben los asesinatos ilegales y cualquier privación arbitraria de la vida, lo que incluye atacar a civiles. El derecho internacional humanitario también prohíbe estrictamente y considera un crimen de guerra, el asesinato deliberado de combatientes heridos, entregados o capturados (personas consideradas fuera de combate ) y desapariciones forzadas.

Según las leyes de guerra, el saqueo o la toma forzada de propiedad privada para uso personal está prohibido, y también puede constituir un crimen de guerra. A los combatientes no se les permite confiscar bienes para uso personal, lo cual es un crimen de guerra, y las leyes de guerra también prohíben la destrucción de bienes no justificados por la necesidad militar. Las normas internacionales requieren proteger la propiedad de las personas desplazadas contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrario e ilegal.

El derecho internacional estipula además que los civiles que fueron desplazados por la fuerza durante un conflicto deberían poder regresar a sus hogares lo antes posible sin condicionamiento alguno. Si las fuerzas tienen problemas de seguridad, deben realizar evaluaciones individuales de los residentes, imponer restricciones temporales y limitadas si está justificado, y no tratar de imponer prohibiciones generales o indefinidas para evitar que regresen. 

Todas las partes en un conflicto están obligadas a investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus miembros y garantizar que los responsables sean castigados adecuadamente. Los comandantes que sabían o deberían haber sabido sobre crímenes cometidos por sus subordinados pero no tomaron medidas para prevenirlos o procesarlos pueden ser considerados penalmente responsables como una cuestión de responsabilidad de mando.

Las autoridades de facto en las áreas donde Human Rights Watch ha documentado estos abusos "deben garantizar que los responsables rindan cuentas, que sea seguro que las personas regresen si lo desean, y que a nadie se le niegue el derecho a regresar sobre la base de su origen étnico o identidad cultural", remarcó Human Rights Watch. El gobierno turco también debería terminar su asistencia militar a las facciones del SNA responsables de estos abusos.

"Turquía está haciendo la vista gorda ante el comportamiento reprochable que muestran las facciones que él mismo arma", dijo Whitson y agregó: "Mientras Turquía tenga el control de estas áreas, tiene la responsabilidad de investigar y poner fin a estas violaciones".

Desde que comenzó la incursión en el norte de Siria, las Fuerzas Armadas turcas y el SNA han tomado el control del área entre Tal Abyad (Gire Spi) y Ras al-Ayn (Serekaniye) y parte de la carretera internacional (M4) que se extiende entre el sureste de Turquía y noreste de Siria. A pesar del alto el fuego del 22 de octubre y el acuerdo de zona segura entre Rusia y Turquía, los enfrentamientos entre las Fuerzas Democráticas Sirias, las fuerzas lideradas por los kurdos, una vez respaldados por la coalición liderada por los Estados Unidos contra el Estado Islámico (también conocido como ISIS), y el SNA continúan .

Según las Naciones Unidas, la incursión desplazó inicialmente al menos a 200,000 personas, y alrededor de 100,000 ahora están regresando. Casi la mitad ha regresado a áreas controladas por las facciones respaldadas por Turquía y las Fuerzas Armadas turcas en Tal Abyad, Ayn Issa y Suluk.

Resumen de asesinatos y desapariciones forzadas

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, grupos armados no estatales sirios ejecutaron a nueve civiles, incluida la política kurda-siria Hevrin Khalaf, el 12 de octubre. Los videos de la ejecución de Khalaf aparecieron en línea el 13 de octubre. Los videos revisados ​​por Human Rights Watch muestran hombres armados parados sobre el cuerpo de una mujer, que familiares y activistas confirmaron que era Khalaf.

En otro video, se ve a hombres armados que se identifican como miembros del SNA disparando armas automáticas a una figura que yace inmóvil al costado de una carretera. Bellingcat, un sitio de investigación de código abierto, identificó a las fuerzas de Ahrar al-Sharqiyeh, una facción del SNA, como parte de la ejecución de Khalaf y del asesinato que aparece en el segundo video. Ahrar al-Sharqiyeh negó su participación en los asesinatos.

En otro caso, un pariente y dos colegas de los tres voluntarios de la Media Luna Roja Kurda dijeron que una facción del SNA que no podían identificar les indicó que habían detenido a los voluntarios el 11 de octubre. Un médico que trabajaba en el hospital con el que estaban asociados dijo a Human Rights Watch que perdió contacto con el equipo de voluntarios, un conductor de ambulancia y dos enfermeras, que habían ido a Suluk en respuesta a un ataque el 11 de octubre.

El tío del conductor dijo que el hermano del conductor había enviado un mensaje de texto al teléfono del conductor el 14 de octubre y una persona que se identificó como parte del SNA respondió por mensaje de texto que el conductor estaba muerto y compartió una fotografía del cuerpo. Tanto el pariente como su colega verificaron que la imagen era del conductor de la ambulancia.

En las fotos en su cuenta de Facebook, el conductor está vestido con un uniforme militar y una bandera de las YPG sobre su cuerpo, en las fotos proporcionadas por sus familiares. Sus parientes no recibieron el cuerpo. Human Rights Watch no pudo determinar si el hombre era voluntario de la Media Luna Roja Kurda y simultáneamente miembro del grupo armado kurdo, o si las fotos de Facebook eran de un período anterior. "Incluso si él era o había sido miembro del grupo armado, no hay indicios de que el 11 de octubre se dedicara a otras actividades que no fueran humanitarias", detalló Human Rights Watch.

El paradero de las dos enfermeras en la ambulancia siguen siendo desconocidas, pero su último paradero conocido fue en territorio de SNA y las personas que se cree que son de una facción de SNA informaron al grupo de ayuda de la Media Luna Roja Kurda que las facciones de SNA los habían detenido. Media Luna Roja Kurda ha pedido públicamente a todas las partes en conflicto que les permitan acceder a las personas heridas.

Confiscación de propiedades, saqueo y bloqueo del retorno de residentes kurdos

Human Rights Watch entrevistó a dos personas que dijeron que las fuerzas que identificaron como el SNA habían ocupado sus propiedades y saquearon sus posesiones. Tres personas dijeron que ellos o sus familiares kurdos habían intentado regresar a sus hogares en áreas bajo control turco, pero que las facciones armadas los habían bloqueado. Las fuerzas del SNA también mataron a tres hombres que intentaban regresar a sus hogares en Ras al-Ayn.

Un médico cuya casa está en Tanhuza, un pueblo a ocho kilómetros de Tal Abyad, dijo que su familia había abandonado su pueblo el 9 de octubre debido a los bombardeos y los ataques aéreos y ahora se encuentran dispersos por el noreste de Siria. Dijo que su vecino árabe le dijo que los miembros de la facción Ahrar al-Sharqiya estaban ocupando las cinco casas de su familia. Una foto que los miembros de SNA publicaron el 1 de noviembre los muestra rezando frente a una de las casas, sirvió como confirmación. El médico compartió con Human Rights Watch fotos de la casa antes y después para verificar que era de su familia.

En otro caso, un hombre kurdo-sirio dijo que su familia huyó a la ciudad de Raqqa después de que un ataque aéreo turco mató a sus padres e hirió a su hermano el 9 de octubre en su aldea de Kayuta, a nueve kilómetros de Tal Abyad. Dijo que también supo por los vecinos que su casa había sido ocupada ilegalmente. Dijo que aproximadamente el 11 de octubre, sus vecinos árabes que habían regresado a Kayuta le dijeron que una familia árabe local había ocupado su casa, seguida por miembros de Ahrar al-Shaqiyeh.

El hombre también declaró que sus tíos se comunicaron con Ahrar al-Sharqiyeh sobre la casa y que el grupo armado compartió fotos de ellos ocupando la casa. Uno de sus tíos intentó regresar a la aldea al menos cinco veces, pero la facción SNA le rechazó la entrada y le dijo que era un área militar. Sin embargo, vio que sus vecinos árabes que le habían dicho que su casa estaba ocupada podían ingresar a la aldea.

Otros tres residentes kurdos de Tal Abyad desplazados por los ataques que iniciaron el 9 de octubre, confirmaron que sus propiedades también estaban ocupadas ilegalmente. Dijeron que sus vecinos árabes los contactaron y les dijeron que sus casas habían sido saqueadas, y que los combatientes del SNA se habían instalado o desplazado a familias árabes en sus casas entre el 14 y el 18 de octubre. Un hombre sirio kurdo desplazado que es dueño de una tienda en Tal Abyad dijo que el 18 de octubre, vio fotografías de su tienda marcadas como "confiscadas en beneficio de Ahrar al-Shariqyeh" y que un vecino árabe a quien los combatientes le habían ofrecido algunas de las mercancías del hombre le dijo que Ahrar al-Shariqyeh había saqueado todo e intentaba venderlo.

Activistas y familiares en el noreste de Siria y Europa compartieron con Human Rights Watch imágenes de los cuerpos de las tres personas que dijeron que las facciones del SNA habían asesinado cuando intentaban regresar a Ras al-Ayn. Los identificaron como Sheyar Mahmoud Othman, Rezan Khalil Julou y Mustafa Hisso. Las imágenes luego se distribuyeron en las redes sociales.

Human Rights Watch habló con el tío de Hisso, que estaba con su sobrino cuando el SNA lo mató. El tío dijo que él y tres de sus compañeros habían regresado a Ras al-Ayn el 17 de octubre para verificar su propiedad. Su sobrino era dueño de una gran cafetería y le preocupaba que fuera saqueada. El primo de Hisso, a quien Human Rights Watch entrevistó, dijo que a unos 200 metros de un arco cerca de la entrada de Ras al-Ayn, un grupo armado que la familia creía que era una facción del SNA, comenzó a disparar contra la camioneta de Hisso. El tío se arrojó del auto y corrió, pero su sobrino y sus dos compañeros en el auto fueron asesinados.