Se espera que el 10º paquete de reformas judiciales, en el que el gobierno en el poder lleva trabajando algún tiempo, se presente al Parlamento turco en los próximos días. El 11 de abril, el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, anunció que el paquete se incluiría pronto en el orden del día parlamentario. También declaró que durante el verano se presentaría un segundo proyecto de reforma, destinado a acelerar los procedimientos judiciales y administrativos. Aunque el paquete de 55 artículos aún no se ha presentado formalmente, varios puntos filtrados ya han desencadenado un amplio debate público.

Dilan Kunt Ayan, diputada por Urfa del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) y miembro de la Comisión de Justicia, declaró a ANF que el 10º Paquete de Reforma Judicial no sólo no promueve la democratización, la justicia y la igualdad, sino que, de hecho, contiene nuevas formas de discriminación y contradicciones jurídicas.

Publicamos a continuación la primera parte de esta entrevista:

¿Cómo valora el paquete de reforma judicial, al menos en base a lo que se ha hecho público? ¿Son suficientes los cambios propuestos?

Se ha filtrado a la prensa y al público un proyecto de ley titulado “Enmiendas al Código Penal turco y a determinadas leyes” que consta de 55 artículos, aunque todavía no se ha presentado oficialmente al Parlamento. El hecho de que el proyecto de ley, del que se habló por primera vez hace mes y medio, aún no se haya presentado a la Gran Asamblea Nacional turca puede indicar que el gobierno lo está retrasando debido al actual ambiente político o a desacuerdos internos. Hemos revisado detenidamente el proyecto. En un momento en que amplios sectores de la sociedad tienen grandes expectativas de reformas legales, especialmente en áreas como el sistema penitenciario y la ley de ejecución de sentencias, la legislación propuesta se queda muy corta. No consigue ningún progreso significativo en esas áreas. En lugar de contribuir a la democratización, la justicia y la igualdad, introduce nuevas formas de discriminación y contradicciones jurídicas.

¿Cuáles son esos problemas?

Por ejemplo, la introducción de conceptos como “moralidad pública” y “sexo biológico” en los textos y justificaciones de la ley, conceptos que no existen en la terminología jurídica, equivale a un retroceso de los logros jurídicos y sociales y representa una regresión importante en términos de igualdad de género.

Un ejemplo es la supuesta mejora relacionada con el problema de la provocación injusta y la percepción de impunidad, contra la cual las mujeres han luchado durante mucho tiempo por medios legales. Sin embargo, este artículo no aborda realmente nuestras críticas. El enfoque sugiere que el problema radica únicamente en las bajas condenas resultantes de las reducciones por provocación injusta y propone aumentar los límites de las penas. En realidad, nos oponemos a que la disposición sobre provocación injusta se transforme en lo que, en realidad, es una rebaja por masculinidad, utilizada de forma excesiva e ilegítima para reducir las penas. Estas reducciones han fomentado la violencia contra las mujeres, envalentonado a los agresores y legitimado estos delitos. Aumentar los límites máximos de las penas sin abordar estas preocupaciones no conducirá a una transformación de la mentalidad patriarcal.

Desafortunadamente, la persistente negativa a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional (AYM) continúa. Por ejemplo, el artículo 220 del Código Penal Turco (TCK), titulado “Establecimiento de una organización para la comisión de delitos”, y el artículo 314, párrafo 3, titulado “Organización armada”, que regula la comisión de delitos en nombre de una organización, fueron modificados debido a ambigüedades legales, la vaguedad de las acciones tipificadas como delito y su incompatibilidad con la Constitución. Estos artículos ya han sido anulados en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional, la más reciente en la sentencia publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 2025.

Cientos de personas han sido procesadas y condenadas por presunta pertenencia a organizaciones armadas simplemente por ejercer sus derechos constitucionales, como participar en conferencias de prensa, corear consignas o interpretar danzas tradicionales kurdas. Como resultado, han sido sometidas a duras condiciones penitenciarias. En sus fallos, la Corte Constitucional declaró que la implementación de estos artículos debe ser clara y específica. A pesar de que aparentemente se han dado algunos pasos positivos, la ley actual no cumple con los estándares ni las evaluaciones establecidas por la Corte Constitucional. Todo esto no solo contradice el principio del Estado de derecho, sino que también revela la reticencia del Estado a adoptar medidas democráticas, especialmente cuando se trata de delitos con carga política.

Además, se están introduciendo muchos nuevos delitos y se están incrementando las penas. El proyecto de ley incluye aumentos de penas en casi 20 artículos. En los sistemas democráticos, la lucha contra la delincuencia no debe basarse en el aumento de las penas, sino en abordar las causas subyacentes, los factores que contribuyen a ella y la transformación social. Sin embargo, en el sistema legal turco, estas vías se pasan por alto, y los cambios solo sirven para crear la apariencia de acción para la percepción pública.

Si no se abordan las injusticias en el sistema legal, si no se fortalece una cultura de juicio justo y si los juicios no se llevan a cabo de acuerdo con principios democráticos e igualitarios por tribunales independientes e imparciales, estas reformas legales conducirán inevitablemente a una nueva masa de convictos y detenidos.

¿Qué tipos de nuevos delitos se están introduciendo?

Al examinar los nuevos delitos, es evidente que no responden a las necesidades y demandas de la sociedad, sino que buscan servir a la agenda política del poder gobernante mediante el uso de la fuerza legal. Por ejemplo, al ampliar el alcance del delito de "conducta obscena" y aumentar sus penas, el Estado busca reforzar los roles de género tradicionales y abrir la puerta al castigo, en particular, de las mujeres.

El proyecto de ley no aborda las expectativas existentes ni los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad. No contribuye a resolver las injusticias y desigualdades, combatir la violencia contra la mujer, reducir la pobreza ni promover la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la democracia. Por el contrario, es un proyecto de ley que profundizará las contradicciones, intensificará la polarización y convertirá al país en una enorme prisión, al allanar el camino para prácticas que empeorarán las condiciones en los centros penitenciarios. Por estas razones, el proyecto de ley debe retirarse incluso antes de su presentación al Parlamento. Debe revisarse desde cero desde una perspectiva justa, participativa y pluralista.

Continuará.