Se está celebrando la 80ª sesión del Comité de la ONU contra la Tortura en el Palais Wilson de la sede de la ONU en Ginebra. Actualmente, se están discutiendo y debatiendo las violaciones de los derechos humanos en Turquía. Relatores del Comité contra la Tortura de la ONU, representantes de organizaciones no gubernamentales que presentan informes sobre Turquía y una delegación del régimen de Ankara asisten a estas reuniones.

Los relatores especiales de la ONU contra la tortura señalaron en sus presentaciones el alcance de las violaciones de derechos en las cárceles turcas. La relatora especial Maeda Naoko, en representación de Japón, tomó la palabra y en su informe abordó en particular el aislamiento del representante kurdo Abdullah Öcalan.

En la sesión de la tarde, Fatih Güngör, Director General Adjunto de Prisiones y Centros de Detención del Ministerio de Justicia de Turquía, respondió en nombre de la delegación turca a las preguntas de los relatores especiales sobre las violaciones de derechos en las prisiones.

Güngör afirmó que las normas en las prisiones turcas se ajustan a los convenios internacionales y sostuvo que, contrariamente a lo que informaban muchas organizaciones no gubernamentales, no había aislamiento en las prisiones turcas.

Güngör también abordó brevemente la cuestión del aislamiento en Imrali, donde Abdullah Öcalan lleva recluido en régimen de aislamiento agravado desde 1999 y en régimen de incomunicación desde hace más de tres años. Sobre esto, Güngör declaró que Abdullah Öcalan había sido condenado a cadena perpetua sin revocación por los Tribunales Especiales de Seguridad del Estado en virtud del artículo 125 del Código Penal turco y defendió las sanciones disciplinarias y la prohibición de visitas de abogados a las que Öcalan está sometido arbitrariamente desde hace tiempo.

Güngör intentó justificar el aislamiento de Öcalan alegando que “las personas que no se comportan conforme a la ley pueden ser objeto de una serie de sanciones por parte del Consejo de Supervisión de la Administración Penitenciaria. Determinadas infracciones cometidas en prisión pueden conllevar la prohibición de visitas. El Consejo de Disciplina Penitenciaria es el encargado de imponer las medidas disciplinarias. Una vez tomada la decisión, se informa al preso, que puede recurrir ante el juez de ejecución, e incluso puede llevar el asunto ante un tribunal competente. En consecuencia a esto, las visitas familiares de los presos de Imralı se han suspendido durante tres meses. Las visitas de los familiares están, por tanto, prohibidas durante este periodo. No se ha presentado ninguna objeción o queja contra esta decisión, que se convirtió en definitiva y ejecutable en abril de 2024. Las visitas de los abogados se suspendieron durante seis meses por orden judicial en mayo de 2024. Se presentó un recurso contra esta decisión, pero fue rechazado en junio de 2024, por lo que esta decisión también pasó a ser definitiva.”

Los castigos disciplinarios no pueden imponerse de esta forma ininterrumpida.

Ibrahim Bilmez, abogado de Abdullah Öcalan, declaró a ANF: “Cada tres meses, tanto el señor Öcalan como sus compañeros de prisión en Imralı reciben castigos disciplinarios. Esta práctica contradice la legislación penitenciaria, así como la ley en general. Los castigos disciplinarios no pueden imponerse de esta forma ininterrumpida. Nuestros clientes han recurrido en repetidas ocasiones los castigos impuestos. Como sabemos, el sistema judicial no funciona en absoluto cuando se trata de Imrali. Estos recursos no han dado lugar a una sola respuesta positiva. Como abogados, llevamos 25 años sin obtener una decisión positiva de la justicia turca sobre ninguna de nuestras solicitudes. Así que puede ser que nuestros clientes no presenten una solicitud porque han perdido la confianza en los observatorios y los tribunales, porque la justicia no funciona en su caso y porque creen que el resultado será siempre el mismo. Desgraciadamente, por el momento, ni siquiera podemos saberlo”.

Normalmente, el procedimiento tiene que funcionar así: tenemos que poder enterarnos de las sanciones impuestas a nuestros clientes para poder recurrir. A pesar de todo, seguimos presentando solicitudes en nombre de nuestros clientes de forma presunta. También recurrimos en estas condiciones, porque sabemos que las penas se imponen siempre en periodos de tres meses.

El equipo jurídico ni siquiera recibe los veredictos de las fuerzas del orden y los tribunales, explicó Bilmez, que continuó: “Otro punto importante es que estas decisiones no se nos comunican a nosotros, los abogados autorizados. Normalmente, el procedimiento tiene que funcionar así: tenemos que poder enterarnos de las sanciones impuestas a nuestros clientes para poder recurrir. A pesar de todo, seguimos presentando solicitudes en nombre de nuestros clientes de forma presunta. También recurrimos en estas condiciones, porque sabemos que las penas se imponen siempre en periodos de tres meses. Se trata de llamar por su nombre al aislamiento provocado por los castigos disciplinarios que se imponen en la prisión de Imrali cada tres meses desde hace años. Ni siquiera podemos conocer directamente los motivos de los castigos. Podemos leerlos en los informes del CPT. Por ejemplo, los presos tienen derecho a reunirse con tres personas durante una hora a la semana para realizar actividades deportivas. Esto puede ser una vez en una cancha de voleibol y otra en una de baloncesto. Ni siquiera sabemos si este derecho está reconocido en la actualidad, pero el razonamiento de uno de los castigos recogidos en los informes era el siguiente: se practicaba deporte durante 45 minutos y los últimos 15 minutos se dedicaban a hablar mientras corrían. Eso lo dice todo. ¿En serio te acusan de no jugar al voleibol durante 60 minutos sino de hablar los últimos 15? Así que las declaraciones del funcionario del ministerio a la ONU no son ciertas. Es sólo un intento de encubrir esta práctica ilegal”.

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