El informe del Comité Europeo Para la Prevención de la Tortura (CPT) sobre las cárceles de Turquía describe el sistema aplicado en Imrali subrayando el aislamiento y la tortura. Las observaciones del informe del CPT han sido confirmadas y reiteradas internacionalmente durante años en Turquía y el Kurdistán.

Feyzi Çelik, del Colegio de Abogados de Estambul, y Medeni Gür, un ejecutivo de la Plataforma de Abogados Libres (ÖHD), han hablado con ANF sobre el aislamiento. Han declarado que las investigaciones del CPT sobre los casos de tortura en las cárceles es importante, y han añadido que además es un registro relevante en términos de derecho internacional.

Medeni Gür, de la ÖDH en Van, ha subrayado que el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan lleva en aislamiento 22 años con un régimen de ejecución penal sin precedentes en todo el mundo.

Recordando que la última vez que la familia visitó a Öcalan fue a principios de marzo, mientras que la última visita de su abogado fue en agosto de 2019, Gür ha señalado: “No permitir las visitas de los familiares y abogados incurre en una seria violación de derechos. El aislamiento no tiene bases legales. Es decir, de acuerdo con el ‘Reglamento de visitas a convictos y prisioneros’, la administración penitenciaria debe permitir una visita pública a la semana y visitas privadas el resto del mes”.

Uno de los hallazgos más importantes del informe del CPT de 2019 sobre Turquía es que Abdullah Öcalan y los otros presos están bajo un “sistema de aislamiento” en Imrali. “El CPT ha definido el régimen en Imrali como un ‘sistema de aislamiento’. Esto es importante porque es el reconocimiento de lo que las instituciones nacionales e internacionales han estado exponiendo durante años. Eso también significa, que este sistema ya no puede ser aplicado”.

Gür ha subrayado que si el aislamiento continúa por la misma vía y los Estados no asumen la responsabilidad y hacen lo necesario ante un delito oficialmente señalado, serían legalmente responsables.

Feyzi Çelik, del Colegio de Abogados de Estambul, ha dicho que la existencia del CPT surge precisamente con la prohibición de la tortura y los malos tratos. “El informe es vinculante. No proporcionar el derecho de visitas a Öcalan y a los otros prisioneros en Imralı ha sido considerada como una violación. Además, es un derecho que también viola la ley turca, que lo contempla. Por lo tanto, tanto las leyes internacionales como las nacionales son claramente violadas. El propio CPT no tiene poder de decisión. Notificará la violación existente al Consejo de Europa, que es la institución superior. El Consejo de Europa puede hacer la advertencia necesaria a Turquía sobre esta cuestión. Y puede entonces sancionar a Turquía, expulsándola por ejemplo del Consejo Europeo”. Çelik ha añadido: “Las autoridades responsables de esta violación tienen responsabilidad legal y penal. Se puede presentar una denuncia penal contra las autoridades pertinentes en este sentido. Situaciones como la actual pandemia no pueden presentarse como obstáculos para el funcionamiento de los mecanismos legales. El informe del CPT no sólo habla de Imralı, habla de una ilegalidad general que significa que la situación es muy mala".