Al menos siete personas han sido condenadas a muerte en Irán en relación a las protestas de ámbito nacional, y decenas corren peligro de serlo.

Las autoridades violaron su derecho a un juicio justo y sometieron a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, como flagelación, descargas eléctricas, amenazas de muerte y violencia sexual.

Tras el aumento de las ejecuciones a finales de abril, las autoridades ejecutaron arbitrariamente el 19 de mayo a Majid Kazimi, Said Yakubi y Salih Mirhashimi, condenados injustamente a muerte y torturados previamentel.

Amnistía Internacional pide ahora que se actúe con urgencia en favor de siete kurdos condenados a muerte por el Estado iraní. También ha lanzado una petición.

Amnistía Internacional afirma en un comunicado que se celebraron juicios en todo el país. Entre esos juicios se encuentran los de Mohammed Borogani y Mahand Sadrat (Sedarat) Madani en la provincia de Elburz; Majid Kazimi, Salih Mirhaishi y Said Yakubi en la provincia de Isfahan; Mujahideen (Abbas) en la provincia de Kurkur Khuzestan; Ibrahim Narui, Mansur Dahmarde, Kambiz Harut, Shuayib Mir Baluchzehi Rigi, Mansur Hut y Nizamuldin Hut en la provincia de Sistán y Baluchistán; Manuşehr Mehman Nawaz, Muhammed Gobadlu, Said Şirazi, Ebulfazl Mehri Hüseyin Hacilu y Muhsin Rezazade Garagolu en la provincia de Teherán. "Al menos siete personas han sido condenadas a muerte por delitos como vandalismo, destrucción de propiedad pública y privada e incendio provocado, en violación de la norma de derecho internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos que no impliquen homicidio intencionado", denuncia la ONG.

Amnistía subraya que "los juicios de personas condenadas a muerte en relación a protestas a escala nacional no tienen nada de juicios justos. Las autoridades utilizaron ‘confesiones’ obtenidas bajo tortura y otras pruebas obtenidas en violación del derecho y las normas internacionales para preparar las acusaciones y dictar las condenas. Las autoridades también negaron a los procesados por delitos castigados con la pena de muerte el acceso a abogados de su elección durante la investigación y la fase de instrucción, e impidieron a abogados designados de forma independiente defender a sus clientes ante los tribunales y acceder a los expedientes de los casos. También se ha violado reiteradamente la presunción de inocencia, y los medios de comunicación estatales han difundido antes del juicio las ‘confesiones’ obtenidas por la fuerza de personas en peligro de ejecución. Debido a la rápida resolución de los casos, algunas personas han sido condenadas a los pocos días de su juicio."

Amnistía Internacional ha documentado la tortura y otros malos tratos infligidos a seis personas condenadas a muerte para obtener de ellas "confesiones" por la fuerza. Se trata de Ibrahim Narui, Kambiz Harut, Mansur Dahmarde, Mohammed Gobadlu, Mujahid (Abbas) Kurkur y Shuayib Mir Beluczehi Rigi.