El 9 de octubre marca el aniversario de la salida forzosa del líder kurdo Abdullah Öcalan en 1998 y, por lo tanto, el comienzo de la conspiración internacional que condujo al secuestro del líder del PKK en Turquía el 15 de febrero de 1999. Desde entonces, Öcalan ha sido retenido como rehén político en la isla prisión de Imrali, la mayor parte del tiempo en condiciones de aislamiento total. El objetivo de la iniciativa es enviar una señal contra la política bélica del Estado turco, exigir el levantamiento de la detención en régimen de incomunicación de Abdullah Öcalan y la reanudación de las negociaciones de paz y condiciones para que el fundador del PKK pueda vivir y trabajar libremente con el fin de contribuir a la solución de la cuestión kurda. 

Partidos y organizaciones kurdos promovieron manifestaciones en varias ciudades bajo el lema "Marchamos por la libertad" para conmemorar el 24 aniversario de la conspiración. La policía turca tomó medidas violentas contra las personas que salieron a las calles.

La rama de Amed (Diyarbakır) de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) emitió un comunicado sobre la represión policial de las protestas y la detención de al menos 138 personas mediante el uso de la fuerza.

“Durante la marcha de protesta organizada en el distrito de Yüksekova de Hakkari, el diputado Habip Eksik resultó gravemente herido por policías y hospitalizado. Durante la misma acción, muchos ciudadanos fueron sometidos a malos tratos similares. Aunque el gobierno afirma que no hay tortura en el país, la tortura y los malos tratos son rampantes, como lo demuestran a menudo los informes de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. Estos métodos se han vuelto permanentes a raíz de las declaraciones de las autoridades que los legitiman y la impunidad que los sustenta”, indica el comunicado.

La Asociación de Derechos Humanos continuó: “La Constitución turca establece que 'toda persona tiene derecho a celebrar reuniones y manifestaciones pacíficas sin el permiso previo de las autoridades'. Sobre esta base, la obstrucción arbitraria e ilegal del derecho de los partidos políticos y activistas a manifestarse pacíficamente constituye una violación de derecho. Exigimos la liberación inmediata de los políticos y ciudadanos que fueron detenidos durante las manifestaciones en Diyarbakır y otras ciudades de la región”.