227 parlamentarios iraníes describieron las protestas como manifestaciones “contra Dios” y exigieron que la judicatura iraní aplicara las sentencias de muerte dictadas contra los manifestantes. Tras esta declaración, el jefe de la judicatura iraní, Xulam Hussein Muhsini, exigió a los jueces que los casos de los manifestantes detenidos se completaran lo antes posible y se castigara a los manifestantes.
Por otra parte, el presidente de la Organización Iraní de Derechos Humanos, Mehmud Emiri Muqedem, afirmó en un comunicado que protestar es un derecho fundamental del pueblo. Afirmando que el asesinato de los manifestantes y la imposición de la pena de muerte es un crimen internacional, Muqedem dijo que los que quieren que los manifestantes sean ejecutados son cómplices de este crimen y que se debe iniciar una investigación contra ellos.
Miles de personas han sido detenidas y condenadas por las fuerzas del régimen iraní durante los 53 días de protestas que se suman en Irán y el Kurdistán Oriental o Rojhilat. Según la información disponible, hasta ahora se ha condenado a muerte a 8 personas.