Nedim Yılmaz permanece en la prisión cerrada de alta seguridad de tipo F de Bolu. Encarcelado desde hace 32 años, la excarcelación de Yılmaz ha sido denegada de nuevo, siendo esta la séptima denegación, por decisión de la Junta Administrativa y de Control.

Inicialmente, las autoridades turcas bloquearon arbitrariamente la excarcelación de Yılmaz sólo cuatro días antes de la fecha prevista para su puesta en libertad, el 25 de julio de 2023. Las autoridades justificaron esta decisión alegando que Yılmaz no mostraba “buena conducta”.

Al evaluar la objeción a esta decisión inicial, el Tribunal de Ejecución de Bolu rechazó el recurso. Posteriormente, un recurso presentado ante el 2º Tribunal Superior de lo Penal de Bolu también dio lugar a la misma desestimación.

Más recientemente, la Junta Administrativa y de Seguimiento se reunió el 20 de febrero para evaluar la puesta en libertad de Yılmaz. El preso Yılmaz no fue invitado a esta reunión, y la decisión se tomó en su ausencia, denegando arbitrariamente su excarcelación por séptima vez.

Newroz Uysal Aslan, diputado de Şırnak (Şirnex) del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), llevó la decisión de la junta a la Comisión Parlamentaria de Investigación de Derechos Humanos (IHIK), criticando el carácter arbitrario de estas decisiones y destacando que no se aportó ninguna justificación válida.

Uysal Aslan subrayó que se estaba violando la libertad de los presos y se preguntó si el Ministerio de Justicia tenía planes para abolir las Juntas Administrativa y de Supervisión, señalando específicamente el carácter arbitrario de sus decisiones.

Criminalización de la oposición política

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas".

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