La Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) de Urfa (Riha) ha declarado que, en el último año, ningún preso político ha sido liberado de la cárcel tipo T de Tokat debido a las prácticas arbitrarias de la Junta de Administración y Observación Penitenciaria.

El informe, elaborado por la Comisión de Prisiones de la asociación, se dio a conocer en rueda de prensa. La co-portavoz de la comisión, Meral Halat, resumió las violaciones de derechos humanos identificadas en la prisión de la siguiente manera:

Coacción para expresar arrepentimiento y prácticas discriminatorias

Se obliga a los presos a declarar su “arrepentimiento” y a solicitar su ingreso en los denominados “pabellones neutrales”; de lo contrario, se les deniega la excarcelación.

Violación de los derechos sanitarios

A los presos enfermos se les niega el acceso a tratamiento médico y se impiden los traslados médicos debido a la imposición de registros de la cavidad bucal.

Se informó de que Mehmet Şirin Kaya e Ilhan Talay no fueron trasladados al hospital y fueron sometidos a castigos disciplinarios por negarse a someterse a los registros bucales.

Esta política se puso de relieve como un grave riesgo para la salud de los presos gravemente enfermos.

Aislamiento y malos tratos

Se hizo hincapié en que la reclusión en régimen de aislamiento de Hamit Acu, que cumple cadena perpetua agravada, constituye “un castigo dentro del castigo”.

Además de restringirse las actividades sociales, las cartas escritas por los presos son objeto de sanciones disciplinarias por “propaganda de una organización ilegal”.

Traslados de presos y trato injusto

Mientras que a los presos condenados por delitos comunes se les conceden ciertos privilegios de comunicación, a los presos políticos se les priva del derecho a videollamadas.

Las familias de los presos trasladados a la cárcel de Tokat se ven obligadas a soportar largos y peligrosos viajes para visitar a sus seres queridos.

Además de lo expuesto, Meral Halat hizo hincapié en que el actual sistema de ejecución penal de Turquía debe ajustarse a las Reglas Mandela de Naciones Unidas. Pidió el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes e instó tanto al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) como al Ministerio de Justicia a tomar medidas.

Ley de arrepentimiento

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre y los abogados son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado.

Tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas".

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