Las Madres de los Sábados llevan 28 años, desde el 27 de mayo de 1995, realizando una sentada de protesta todos los sábados en la plaza Galatasaray de Estambul para pedir que se esclarezca la desaparición de sus familiares bajo custodia de las fuerzas del Estado.

Las madres han vuelto a concentrarse hoy en la plaza de Galatasaray para hacer una declaración a la prensa en la 941ª semana de su acción. El grupo se ha enfrentado una vez más a un bloqueo policial, con más efectivos policiales desplegados en la zona de lo habitual.

Las Madres de los Sábados y los defensores y las defensoras de los derechos humanos han sido intervenidos por la policía mientras hacían su declaración. Al menos 10 personas han sido detenidas durante la represión policial, entre ellas Eren Keskin, co-presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD). El asedio policial en la zona continúa.

Antecedentes

La 700ª protesta semanal de las Madres de los Sábados del 25 de agosto de 2018 fue prohibida por decisión del Ministerio del Interior. La policía detuvo a las madres manifestantes tras una violenta intervención en pleno centro de Estambul.

47 activistas de las Madres de los Sábados, que fueron objeto de violencia policial y detenidas por la policía, fueron llevadas a juicio por violar la "Ley de Reuniones y Manifestaciones".

Maside Ocak Kışlakçı, una de las víctimas de violencia policial, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Jefe de Estambul el 10 de septiembre de 2018 debido al uso desproporcionado de la fuerza y a la violación de su derecho de reunión, manifestación y marcha. La Fiscalía Jefe de Estambul emitió un veredicto de no enjuiciamiento el 2 de mayo de 2019.

Kislakçı presentó una demanda individual ante el Tribunal Constitucional (AYM) el 19 de junio de 2019. La decisión adoptada el 16 de noviembre de 2002 en respuesta a la solicitud se publicó en el Boletín Oficial.

Tras evaluar la solicitud, el Tribunal Constitucional solicitó una defensa al Ministerio del Interior, que argumentó que la solicitud era inadmisible debido a la prescripción.

El Tribunal Constitucional también rechazó la solicitud en cuanto a los malos tratos, argumentando que la demandante había recibido el informe de la agresión 15 días después del incidente.

Por amplia mayoría y con la oposición del juez Muhterem İnce, el tribunal dictaminó que se había violado el derecho a celebrar reuniones, manifestaciones y marchas. El tribunal también decidió que Kışlakçı recibiera una indemnización por daños no pecuniarios.