Human Rights Watch (HRW) afirmó que el "acuerdo del 8 de junio entre los países de la Unión Europea sobre procedimientos de asilo y gestión de la migración es una receta para más abusos en las fronteras de la UE". Los ministros del Interior aprobaron en Luxemburgo políticas que consolidarán las violaciones de derechos, incluidos procedimientos acelerados sin suficientes salvaguardias, un mayor uso de la detención y devoluciones inseguras. El acuerdo detallado aún no se ha publicado".

HRW añadió: "El acuerdo crea un "procedimiento fronterizo" acelerado para cualquiera que solicite asilo tras una entrada irregular o un desembarco tras un rescate en el mar. El procedimiento sería obligatorio para los solicitantes de asilo procedentes de países cuyos nacionales tengan una tasa inferior al 20 por ciento de concesión de algún tipo de protección y para cualquiera que, según las autoridades, haya ocultado o utilizado información falsa. En la práctica, muchas personas, si no la mayoría, se verán abocadas a estos procedimientos acelerados por debajo de las normas, con menos salvaguardias, como asistencia letrada, que el procedimiento normal.

También es probable que se encierre a las personas durante el procedimiento, que podría durar hasta seis meses, con pocas exenciones para personas con vulnerabilidades, familias o niños. La imposición de este procedimiento junto con la detención o condiciones similares a la detención está directamente relacionada con el doble interés de muchos países de la UE de evitar que las personas sigan viajando a Europa desde los países de primera entrada y de deportar a las personas lo más rápidamente posible."

HRW continuó: "El acuerdo permitiría a cada país determinar lo que constituye un "tercer país seguro" donde las personas pueden ser devueltas, basándose en un concepto vago de "conexión" con ese país. Esto podría dar lugar a que se envíe a personas a países por los que simplemente han transitado o en los que tienen un familiar pero en los que ellas mismas nunca han estado, y donde no se pueden garantizar sus derechos básicos".

El acuerdo introduce cambios mínimos en el disfuncional sistema de reparto de responsabilidades entre los países de la UE en materia de inmigrantes y solicitantes de asilo y no aborda sus defectos fundamentales. Los países de la UE han rechazado un sistema de reubicación obligatoria, y en su lugar pretenden permitir que los países que no acepten solicitantes de asilo paguen a un fondo común que se utilizaría para financiar proyectos no especificados en países no pertenecientes a la UE, presumiblemente centrados en la prevención de la migración."