Expertos de la ONU pidieron hoy a Turquía que deje de usar la legislación antiterrorista para intimidar a las y los defensores de los derechos humanos y que libere de inmediato a Sebnem Korur Fincancı, una médica forense reconocida y experta en la lucha contra la tortura, recientemente detenida.

Fincancı, que ayudó a desarrollar las normas de referencia de las Naciones Unidas sobre la investigación y documentación de casos de tortura (el Protocolo de Estambul), fue arrestada en su casa el 26 de octubre por motivos poco claros, al parecer en represalia por sus comentarios públicos en los que pedía que se investigara el presunto uso de armas químicas y las muertes asociadas por parte del ejército turco.

"El arresto de la Dra. Fincancı parece parte de un patrón deliberado de aplicación de la legislación antiterrorista para desacreditar a las organizaciones y los defensores de los derechos humanos e interrumpir su vital labor médica y de derechos humanos”, indicaron las y los expertos.

“Hemos documentado muchos casos en los que la legislación antiterrorista y otras disposiciones penales se han utilizado para hostigar, arrestar, detener y condenar a actores de la sociedad civil en Turquía, incluido el Dr. Fincancı, por motivos falsos”, agregaron.

Dichos ataques, que tienen como objetivo reducir el espacio cívico seguro, socavan el estado de derecho e invaden las libertades fundamentales y los valores democráticos, sumaron las y los expertos.

“La detención pendiente de investigación más allá de un período inicial de entrevista es una medida excepcional y debe estar sujeta a autorización judicial en cuanto a su continua legalidad y proporcionalidad”, explicaron.

Y agregaron: “Debe protegerse la capacidad de los defensores de los derechos humanos y los médicos para decir la verdad al poder. Su papel en la exposición de las violaciones de los derechos humanos es una de las piedras angulares de las sociedades democráticas y, por lo demás, el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y asociación son derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Las y los expertos instaron a las autoridades turcas a liberar de inmediato y sin condiciones a Fincancı y otros actores de la sociedad civil detenidos por motivos políticos, garantizar su acceso a salvaguardias fundamentales y proteger su integridad mental y física, dentro y fuera de la detención.

Turquía es parte, entre otros tratados, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ratificó en 1988. Dicha ratificación obliga a los Estados partes a tomar todas las medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos o penas similares como castigo, e investigar y enjuiciar los delitos conexos. Las amenazas de arresto y encarcelamiento y la intimidación judicial causan altos niveles de angustia y ansiedad, lo que podría constituir un trato o castigo psicológico inhumano o degradante en violación del derecho internacional. Turquía también es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ratificó en 2003 y que prohíbe el arresto o la detención arbitrarios.

Las y los expertos de la ONU expresaron sus puntos de vista sobre este caso al Gobierno de Turquía y solicitaron a las autoridades que tomen medidas provisionales de inmediato para proteger la integridad mental y física de la Dra. Fincancı y poner fin al hostigamiento judicial de quienes defienden los derechos de los demás.

Los expertos: Alice Jill Edwards , Relatora Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Fionnuala Ní Aoláin,  Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Tlaleng Mofokeng , Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y  Morris Tidball-Binz , Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.