El máximo órgano militar de Irán ha dado instrucciones a los comandantes de las fuerzas armadas de todas las provincias para que “enfrenten con severidad” a las y los manifestantes que tomaron las calles tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini a manos de la policía de moralidad de Irán, ha dicho hoy Amnistía Internacional. La organización lo anunció tras obtener documentos oficiales filtrados que revelan el plan de las autoridades para aplastar sistemáticamente las protestas a cualquier precio. La represión ha dejado al menos 52 víctimas identificadas muertas y cientos de heridos hasta la fecha.

En un  análisis detallado  publicado hoy, Amnistía Internacional divulga pruebas del complot de las autoridades iraníes para reprimir brutalmente las manifestaciones mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, el Comando de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte evidencia del uso generalizado de fuerza letal y armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad iraníes que tenían la intención de matar a manifestantes o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que el uso de armas de fuego provocaría muertes.

“Las autoridades iraníes decidieron a sabiendas dañar o matar a las personas que tomaron las calles para expresar su ira por décadas de represión e injusticia. En medio de una epidemia de impunidad sistémica que ha prevalecido durante mucho tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres y niños han sido asesinados ilegalmente en la última ronda de derramamiento de sangre”, denunció Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Sin una acción colectiva decidida por parte de la comunidad internacional, que debe ir más allá de las meras declaraciones de condena, muchos más se enfrentan a ser asesinados, mutilados, torturados, agredidos sexualmente o encarcelados únicamente por su participación en las protestas. Los documentos filtrados obtenidos por Amnistía Internacional ponen de relieve la necesidad de un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas”, advirtió.

Según los relatos de testigos presenciales y las pruebas audiovisuales examinadas por Amnistía Internacional, ninguna de las 52 víctimas identificadas representaba una amenaza inminente de muerte o lesiones graves que pudiera justificar el uso de armas de fuego contra ellas.

Negación estatal y encubrimiento tras una semana de homicidios ilegítimos

Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que afirma que, el 21 de septiembre de 2022, el Cuartel General de las Fuerzas Armadas emitió una orden a los comandantes de todas las provincias indicándoles que “enfrentaran severamente a los alborotadores y antirrevolucionarios”. Más tarde esa noche, el uso de la fuerza letal en todo el país se intensificó con decenas de hombres, mujeres y niños asesinados solo esa noche.

Otro documento filtrado muestra que, el 23 de septiembre, el comandante de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandaran ordenó a las fuerzas de seguridad en todos los pueblos y ciudades de la provincia que “enfrentaran sin piedad, llegando incluso a causar muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios”. 

Amnistía Internacional ha registrado hasta ahora los nombres de 52 personas, incluidas cinco mujeres y al menos cinco niños, muertas por las fuerzas de seguridad de Irán entre el 19 y el 25 de septiembre. Dos tercios de las muertes registradas (al menos 34) son del 21 de septiembre. La organización cree que el número real de muertos es mucho mayor y continúa sus esfuerzos para identificar a las víctimas.

Amnistía Internacional ha revisado fotos y videos que muestran que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad que dispararon munición real. Al menos tres hombres y dos mujeres murieron debido a que las fuerzas de seguridad dispararon perdigones de metal a quemarropa, mientras que una niña de 16 años, Sarina Esmailzadeh, murió tras recibir fuertes golpes en la cabeza con porras.

En un intento por absolverse de la responsabilidad por las muertes, las autoridades iraníes han compartido narrativas falsas sobre las víctimas, intentando presentarlas como “personas peligrosas”, “violentas” o afirmando que habían sido asesinadas por “alborotadores”. Las autoridades también han estado intimidando y acosando a las familias de las víctimas para que guarden silencio o les prometan una compensación económica si graban vídeos en los que atribuyen la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a “alborotadores” que trabajan para los “enemigos” de la República Islámica de Irán.

Amnistía Internacional ha documentado patrones generalizados de tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas fuertes palizas a manifestantes y transeúntes. La organización también ha documentado agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, incluidos casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los senos de mujeres o les tiraron violentamente del pelo después de que se quitaran el velo en señal de protesta.