Nuray Özdoğan y Serhat Eren, co-portavoces de la Comisión de Derecho y Derechos Humanos del HDP, emitieron una declaración sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la “Convención sobre la Tortura”) que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

La declaración escrita del lunes indicó que “la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reconocida por las Naciones Unidas y de la que Turquía es parte, entró en vigor el 26 de junio de 1987, que fue declarado Día de Solidaridad con los Torturados. Los Estados que reconocen la Convención son responsables de librar una lucha eficaz contra todas las formas de tortura, malos tratos, tratos o penas inhumanos o degradantes.”

Y agregó: “Desafortunadamente, Turquía no ha respetado sus obligaciones en virtud de la Convención para prevenir la tortura e introducir juicios justos para enjuiciar a los responsables de la tortura”.

La declaración de Nuray Özdoğan y Serhat Eren decía además:

“La tortura es un crimen de lesa humanidad, que no requiere denuncia ni reconciliación, y contra el cual no hay prescripción. Sin embargo, el principal problema es si las acciones de los funcionarios públicos se definen como tortura o no.

Según las estadísticas de 2022 del Ministerio de Justicia, el número de veredictos de no enjuiciamiento durante la fase de investigación de los casos de tortura y las decisiones de absolución durante la fase de enjuiciamiento son muy superiores a los veredictos de condena. Estas estadísticas y casos concretos muestran que el poder judicial se abstiene de tipificar ciertos actos como tortura y reduce los delitos de tortura a delitos menores como lesiones corporales simples o privación de libertad, dejando impunes a los perpetradores. Esta actitud del poder judicial de proteger a los funcionarios públicos que son acusados ​​de tortura los incita a cometer delitos similares. La tortura está normalizada, en particular por las decisiones legales que protegen y absuelven a los perpetradores en juicios donde las víctimas son kurdas. Además, las personas sometidas a tortura y malos tratos son objeto de investigaciones injustas, y los miembros de la prensa que informan y denuncian casos de tortura también se enfrentan a detenciones y encarcelamientos.

La extensión del delito de tortura es bastante notable en los lugares de reclusión. Especialmente en las cárceles, los malos tratos que incluyen el bloqueo del acceso a la salud, sanciones disciplinarias, prevención de la libertad, aislamiento y tortura siguen aumentando día a día. Los presos son mantenidos en confinamiento solitario, sujetos a conteos de pie y registros al desnudo, y se les niega arbitrariamente la liberación por medio de castigos disciplinarios irrelevantes. Hace 28 meses que no hay noticias de Abdullah Öcalan en la prisión de Imralı, donde se practica el aislamiento más absoluto. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) aún no ha revelado al público sus observaciones durante una visita a la prisión de la isla los días 20 y 29 de septiembre de 2022. Este estado de incomunicación continúa en Imrali, aumentando la tortura del aislamiento.

La prohibición de la tortura es patrimonio común de la humanidad y uno de los valores más fundamentales de las sociedades democráticas que favorecen el estado de derecho. Un régimen de derechos humanos no puede prevalecer sin la prohibición de la tortura y los malos tratos. Contrariamente a la retórica de ´tolerancia cero con la tortura, los derechos humanos y el estado de derecho´, el gobierno del AKP ha dejado su huella con desapariciones bajo custodia, secuestros, imposición de espionaje a través de presiones y amenazas, detenciones brutales, violencia policial durante manifestaciones pacíficas y estímulo oficial del Ministro del Interior. Las prácticas de tortura y malos tratos se han extendido desde los centros de detención a las calles.

Apoyamos a las víctimas para que los autores de las torturas y persecuciones cometidas en las calles, comisarías, prisiones, centros de repatriación rindan cuentas y sean condenados. Nuestra lucha para proteger el patrimonio común de la humanidad y la dignidad humana continuará en las esferas judicial y política”.