Turquía está empujando a diario a decenas de miles de afganos y afganas a su frontera terrestre con Irán o los está deportando directamente de vuelta a Afganistán sin examinar sus solicitudes de protección internacional, o con poca o ninguna consideración, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 73 páginas, “Nadie me preguntó por qué me fui de Afganistán”, dice que Turquía ha intensificado las devoluciones y deportaciones a Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder allí en agosto de 2021. Human Rights Watch también descubrió que los afganos y afganas dentro de Turquía están siendo bloqueados para registrarse para la protección internacional y que los afganos que enfrentan una deportación inminente a menudo no tienen la oportunidad de presentar solicitudes de asilo. Al 20 de octubre de 2022, la Presidencia de Gestión de la Migración del Ministerio del Interior de Turquía informó de 238.448 “migrantes irregulares cuya entrada a nuestro país ha sido impedida” en 2022, la mayoría de ellos afganos. Turquía informó haber deportado a 44.768 afganos por aire a Kabul en los primeros ocho meses de 2022, un aumento del 150 % con respecto a los primeros ocho meses de 2021. 

“Aunque Turquía se ha ganado con razón la aclamación y el apoyo internacionales por acoger al mayor número de refugiados de cualquier país del mundo, al mismo tiempo está empujando a muchos afganos a sus fronteras o deportándolos a Afganistán con poca o ninguna evaluación de sus solicitudes de protección internacional. ”, expresó Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch y agregó “Turquía debería detener de inmediato estas devoluciones rutinarias de afganos desde sus fronteras y dar a todos los afganos que se enfrentan a la expulsión la oportunidad de presentar solicitudes de asilo”.

Turquía alberga el mayor número de refugiados de cualquier país del mundo, aproximadamente 3,9 millones de personas, 3,6 millones de sirios con protección temporal y otros 320.000, en su mayoría afganos.

Human Rights Watch entrevistó a 68 afganos y afganas, 38 de las cuales describieron 114 incidentes de deportaciones entre enero de 2021 y abril de 2022. Todos los hombres y niños que viajaban sin familiares mujeres experimentaron personalmente o presenciaron cómo las autoridades turcas golpeaban o abusaban de ellos y de otras personas que estaban con ellos. Muchos también dijeron que las autoridades fronterizas turcas dispararon en su dirección, a veces hacia ellos, cuando se acercaban o intentaban cruzar la frontera.

Human Rights Watch descubrió que muchos afganos y afganas que enfrentan una deportación inminente no tienen la oportunidad de presentar solicitudes de asilo o de impugnar su deportación, y sus firmas o huellas dactilares en los formularios de devolución voluntaria a menudo son forzadas, obtenidas mediante engaño o falsificadas.

Las deportaciones violan múltiples normas de derechos humanos, incluida la prohibición de la expulsión colectiva en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho al debido proceso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio de no devolución en virtud de la Convención de Refugiados de 1951, que prohíbe la retorno de los refugiados a lugares donde su vida o su libertad estarían amenazadas. La ley turca también prohíbe la deportación.

Debido a que las autoridades turcas bloquean el acceso al asilo, devuelven por la fuerza a personas que parecen ser refugiados y cometen otros abusos contra migrantes y personas que buscan protección internacional, Turquía no cumple con los criterios de un tercer país seguro previsto por la legislación de la UE en virtud del artículo 38 de la Ley de asilo, señaló Human Rights Watch.

“Ningún estado miembro de la UE debería negar el acceso al asilo a los afganos u otros ciudadanos bajo el pretexto de que Turquía sería un tercer país seguro para ellos”, señaló Frelick y agregó que “El apoyo a la gestión de la migración de la UE a Turquía debe condicionarse a garantías demostradas de que dicho apoyo no contribuye a negar a las personas su derecho a solicitar asilo o a devolverlas a lugares donde su vida o su libertad estarían amenazadas”.