Las cifras estremecen: en 2013, en Turquía existía una población carcelaria de 144.098 personas, pero diez años después, el total de presos y presas asciende a 360.722. En la actualidad, las prisiones de todo el país tienen una capacidad total para 296.202 reclusos y reclusas. En 2023, la tasa de ocupación era del 97,17 por ciento, pero, en 2022, se llegó al 115,59 por ciento. Estos números que demuestran, entre otras cosas, el sistema represivo sostenido por el Estado turco fueron difundidos el 2 de agosto pasado por la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD, por sus siglas en inglés).

La institución de derechos humanos elaboró su más reciente informe con base en peticiones de la propia asociación, informes periódicos difundidos por las prisiones y datos recopilados durante las visitas a las cárceles. Luego de ese trabajo -nada fácil en un país como Turquía-, la IHD registró 10.789 violaciones a los derechos de los y las presas, aunque señaló que la cantidad de casos podría ser mucho mayor.

La IHD reveló que, en 2022, al menos 81 presos y presas perdieron la vida, de los cuales 36 murieron por enfermedad, 6 al poco tiempo de recobrar la libertad, 25 fallecimientos ocurrieron en “circunstancias sospechosas”, a lo que se suman 19 «presuntos suicidios» y otros 10 casos de intento de suicidio.

Uno de los puntos más críticos dentro de las cárceles es la situación sanitaria, debido a que viola el derecho a la salud. Según el informe, una cantidad importante de reclusos con enfermedades crónicas no reciben la atención médica necesaria. En abril de 2022, en las prisiones turcas había 1.517 presos y presas enfermas, de las cuales 651 se encontraban con cuadros de gravedad, constató la IHD. “La situación derivada de la pandemia del COVID-19, en particular, ha vuelto a poner de manifiesto la falta de atención sanitaria” en las cárceles, remarcó el organismo, que agregó que las muertes derivadas de enfermedades “podrían haberse evitado”.

Entre otros temas que aborda el informe, se criticó que la Dirección General de Prisiones y Centros de Detención “comparte ciertos datos estadísticos”, pero no lo hace con temas relacionados con detenidos LGBT+, presos políticos, extranjeros, enfermos, con discapacidad y presas con bebés.

Menores de edad tras las rejas

A finales de julio, la agencia de noticias ANF publicó una investigación en la que se denunció que al menos 2.572 menores de edad están recluidos en las prisiones turcas. Según el medio de comunicación, “algunos de estos niños y niñas están recluidos en cárceles de adultos, aunque sea contrario a la ley”. A su vez, se alertó que los menores de edad encarcelados por motivos políticos “están completamente aislados o se les mantiene en el mismo lugar que a los presos judiciales, y tienen un problema de seguridad vital”.

En declaraciones a ANF, Cansu Şekerci, integrante de la Asociación Sociedad Civil en el Sistema Penal (CISST, por sus siglas en turco), detalló que, entre los y las menores encarceladas, están quienes cometieron robos y lesiones, pero también los acusados de violar la ley antiterrorista, utilizada por el Estado para, principalmente, perseguir a la oposición, en especial a la vinculada al movimiento político kurdo. Şekerci indicó que los y las menores de hasta seis años se encuentran con sus madres tras las rejas.

“Si las prisiones de menores están llenas, estos niños permanecen en los pabellones de menores de las prisiones de adultos”, afirmó el miembro de la CISST. A este panorama, agregó: “Según las últimas declaraciones, el número total de niñas encarceladas es de 101. Sólo hay un centro de educación, en Izmir, para las niñas condenadas, mientras que las niñas encarceladas permanecen en prisiones de mujeres. Por lo tanto, las oportunidades para que las niñas se beneficien de un sistema de pabellones relativamente más organizado, cursos y actividades para menores son mucho más limitadas en comparación con los niños recluidos en cárceles de menores. Sabemos que, en algunos casos, hubo niñas que permanecieron solas durante meses, como en régimen de aislamiento”.

Desde el CISST, manifestaron que cuando se habla de las prisiones en Turquía, también es inevitable referirse a los casos de torturas y acoso. “Muchas violaciones siguen sin contarse y se encubren, sin que se haga justicia –explicó Şekerci-. Las violaciones de derechos que sufren los niños y las niñas presas son de gran envergadura, desde la violación del derecho de un niño a vivir su infancia hasta la violación del derecho a la vida, que básicamente significa ‘supervivencia’”.

En consonancia con esta denuncia, en su informe, la IHD enumeró que en las cárceles se aplican torturas, malos tratos, palizas, amenazas, insultos, cacheos sin ropa, además de que la población reclusa, en muchas ocasiones, es obligada a participar en “marchas en orden militar”.

El preso político más peligroso

Desde 1999, el fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, es víctima de un sistema perpetuo de represión en su contra. El líder kurdo está recluido en la isla-prisión de Imrali, una base militar ubicada en el mar de Mármara. Durante más de diez años, fue el único preso en el lugar. En la actualidad, otros tres reclusos se encuentran en la isla. Incomunicados con el exterior desde hace casi 30 meses, Öcalan y sus compañeros tienen la posibilidad de reunirse entre ellos cinco veces a la semana, una hora por día. Al menos, eso sucedía hace un tiempo atrás, pero ahora la más mínima comunicación con Imrali está cortada y se sabe muy poco lo que sucede tras los muros de la cárcel.

En su informe, la IHD denunció que Öcalan no es visitado por sus abogados desde el 7 de agosto de 2019, debido a que la fiscalía de la provincia de Bursa –que tiene jurisdicción sobre Imrali- rechaza de forma sistemática los pedidos de los letrados y de los familiares del dirigente para reunirse con él. Además, la IHD reveló que la dirección de la prisión le impuso una nueva sanción disciplinaria a Öcalan el 18 de julio pasado.

A lo largo de la historia moderna de Turquía, los y las presas políticas se cuentan por miles. Y Öcalan es el más peligroso para el Estado turco, a su vez que es la bandera de libertad que ondea más alto el vigoroso movimiento político kurdo en el país.

A finales de junio de este año, Cengiz Yurekli, abogado del denominado Bufete legal de Asrim –que representa a Öcalan y a los otros tres presos en Imrali-, difundió un artículo en el que recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Öcalan no tuvo un juicio justo y que su derecho a la defensa fue violado, por lo que debía ser juzgado de nuevo. “Ante una sentencia de este tipo, los tribunales nacionales no tienen discrecionalidad para decidir si aceptan o no que exista una razón para un nuevo juicio. La sentencia del TEDH es firme y, como tal, no está abierta a interpretación”, destacó el abogado.

Yurekli afirmó en el texto que no se puede definir a Imrali como una cárcel. “Las prisiones están definidas por leyes que determinan su estructura arquitectónica, los derechos de los reclusos, la forma en que estos pueden ejercerlos y en qué circunstancias pueden restringirse –sintetizó el abogado-. No es así en el caso de la prisión de Imrali. Las prácticas en esta prisión, aunque autorizadas por el Estado, no cumplen los criterios legales para ser calificadas como privación de libertad. De hecho, se acercan más al delito de ‘detención ilegal’ tipificado en la legislación penal nacional (turca)”.

La reflexión más inquietante de Yurekli fue la siguiente: lo que sucede dentro de Imrali no se limita a la isla en el mar de Mármara, sino que “tiende a extenderse por todo el país”. Según el abogado, las “disposiciones adoptadas para impedir que Öcalan ejerza sus derechos han comenzado a abarcar el derecho interno en su totalidad, donde se aplican ampliamente en la actualidad”. La definición del defensor del líder kurdo se podría traducir, de forma sencilla, en que Turquía se encamina a convertirse en una gran cárcel enclavada en el corazón de Medio Oriente.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta