Según la agencia de noticias Mezopotamya, el bufete de abogados Asrın ha presentado una nueva solicitud al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) en relación con su cliente, el líder popular kurdo Abdullah Öcalan, que permanece en aislamiento absoluto en la prisión de alta seguridad de tipo F de Imralı y del que no se sabe nada desde hace 38 meses. En la solicitud se incluyen hechos que abarcaban el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2024 y relacionados tanto con Abdullah Öcalan como con los otros 3 presos en İmralı, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş.

En el expediente enviado al CPT se afirma que entre el 1 de febrero y el 30 de abril se presentaron un total de 37 solicitudes de visitas, incluidas 25 de los abogados y 12 de familiares, pero que todas ellas quedaron sin respuesta.

La solicitud también recoge que no se han entregado cartas a los abogados durante este proceso, y que también se desconoce el destino de las 4 cartas enviadas a Imralı. Además, los abogados afirman que no se ha producido ninguna novedad en relación con los derechos de llamada telefónica.

Abdulllah Öcalan lleva preso en la isla-prisión turca de Imrali desde 1999, en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad tanto nacional como internacional. Ahora hace ya tres años que no se tienen noticias suyas, ya que en todo este tiempo no ha podido comunicarse ni tan siquiera con sus abogados o familiares, lo que hace temer por su estado de salud. Tampoco se sabe nada de sus tres compañeros de prisión, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş.

Nueva sanción disciplinaria

Los abogados afirma que las solicitudes de visitas de familiares y abogados han sido bloqueadas con el pretexto de una "sanción disciplinaria" al menos 22 veces desde el 14 de septiembre de 2018, y añaden que el 28 de marzo se impuso una nueva "sanción disciplinaria" de 3 meses, antes de que expirara la última "sanción disciplinaria", fechada el 12 de enero de 2024. Señalan que el proceso en cuestión se llevó a cabo sin informar a los abogados y finalizó el 12 de abril, en contra de la ley. Los abogados denuncian que se está negando constante y sistemáticamente el derecho a la defensa de sus clientes.

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