El 7 de diciembre de 2023, las y los diputados del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM) solicitaron a la Comisión de Investigación de Derechos Humanos del Parlamento el levantamiento del aislamiento del líder popular kurdo Abdullah Öcalan y la concesión de visitas familiares y de abogados. En su respuesta a la solicitud, la Dirección General de Prisiones y Centros de Detención del Ministerio de Justicia alegó que Abdullah Öcalan, de quien no se sabía nada desde hacía 38 meses, disfrutaba de sus derechos y que no había aislamiento.

Los abogados del bufete de Asrın, con sede en Estambul, que defiende a Abdullah Öcalan y a sus compañeros de prisión en  la isla de İmrali, hicieron una declaración sobre la respuesta del ministerio sobre el aislamiento.

La declaración hecha por la Oficina Legal de Asrın el sábado señalaba: "Si bien las solicitudes de los parlamentarios preguntaban sobre los desarrollos en İmralı desde 2011 y especialmente las condiciones de incomunicación durante 38 meses, se ve que la respuesta del Ministerio limita el período de evaluación a 2023".

El comunicado remarcó que "las sanciones disciplinarias impuestas en 2023 se enumeran en la respuesta y solo se menciona que las reuniones familiares se impidieron debido a estas sanciones. Sin embargo, no se explican los motivos de estas sanciones disciplinarias, por qué se impusieron en períodos de tres meses (15 de marzo de 2023-26 de junio de 2023-27 de septiembre de 2023) y por qué se ocultaron deliberadamente los procedimientos disciplinarios a los abogados".

Los abogados señalaron que, además de estas 3 sanciones disciplinarias, no se incluyó en la respuesta del ministerio otra sanción disciplinaria impuesta el 28 de diciembre de 2023. Los abogados expresaron: "Permítanos contarle sobre el cuarto castigo disciplinario en İmralı 2023 que el Ministerio no mencionó: Con la decisión de la Junta Disciplinaria de la Prisión de İmralı de fecha 28 de diciembre de 2023 y numerada 2023/4, la última de las sanciones disciplinarias sistemáticas de tres meses se estableció en 2023. De nuevo, como de costumbre, se trataba de un procedimiento disciplinario sobre un asunto que no tenía nada que ver con las visitas familiares, impuesto de manera totalmente infundada y arbitraria, y de nuevo, como de costumbre, oculto a los abogados. Las decisiones del juez de ejecución que impidieron la contratación de abogados, que el Ministerio no especificó y que continuaron en 2023, también se llevaron a cabo de forma secreta, arbitraria e ilegal. Los últimos ocho años de la prisión de İmralı han estado entrelazados con estas sanciones disciplinarias sistemáticas y arbitrarias y la prohibición de abogados."

La declaración continuó:

"En la carta del Ministerio, se argumenta que 'como se puede ver en las sentencias del TEDH, la comunicación de un preso con su abogado, familiares u otros presos debe eliminarse por completo' para poder hablar del concepto de 'aislamiento'. El Ministerio está casi tratando de determinar los últimos límites del aislamiento, que es el trato inhumano. Dejamos a la opinión pública la tarea de apreciar la falsedad de la observación «no se impide que el demandante se reúna con sus abogados y familiares». No hay ni un solo abogado, ni un solo miembro de la familia que pueda ir a İmralı en 2023, tal como lo fue en 2022 y tal como continúa en 2024. Las condiciones de tortura en İmralı -donde se violan sistemáticamente todos los derechos, no se permite a los familiares ni a los abogados reunirse con sus parientes de ninguna manera, no se recibe ni una sola respuesta a las numerosas cartas que se les envían, no se facilita la comunicación telefónica, no hay información sobre su salud y sus condiciones y se cortan todos los vínculos con el mundo exterior- no pueden hacerse invisibles con declaraciones tan vagas.

* Desde el 27 de julio de 2011, no ha habido una sola reunión de abogados con el Sr. Öcalan durante aproximadamente 13 años, a excepción de 5 reuniones en 2019 (2 de mayo de 2019, 22 de mayo de 2019, 12 de junio de 2019, 18 de junio de 2019 y, por último, 7 de agosto de 2019). Desde el 6 de octubre de 2014, se han impedido todas las visitas familiares, excepto 5 visitas  (11 de septiembre de 2016, 12 de enero de 2019, 5 de junio de 2019, 12 de agosto de 2019 y, por último, 3 de marzo de 2020).

* El Sr. Veysi Aktaş, el Sr. Hamili Yıldırım y el Sr. Ömer Hayri Konar no han recibido ni una sola visita de abogado durante los más de 9 años transcurridos desde que fueron llevados a İmralı. El Sr. Aktaş y el Sr. Konar han podido reunirse con sus familias solo 3 veces y el Sr. Yıldırım solo 2 veces desde 2015. Todas las demás solicitudes de reuniones han sido rechazadas.

* Aparte de las llamadas telefónicas realizadas el 27 de abril de 2020 y el 25 de marzo de 2021, no se han realizado otras llamadas telefónicas. Las cartas enviadas regularmente a İmralı por nosotros no han recibido ni una sola respuesta por escrito durante los últimos 38 meses.

* Desde que se desconectó la llamada telefónica el 25 de marzo de 2021, no se han recibido noticias de ellos de ninguna manera.

Se impidió la liberación de Aktaş

Y lo que es más importante, se anunció al público que, aunque el período de ejecución de 30 años del Sr. Veysi Aktaş se completó el 28 de abril de 2024, no fue puesto en libertad debido a una decisión administrativa y arbitraria. El 2 de mayo de 2024 se rechazó nuestra objeción a la decisión de la Junta de Administración y Observación de Imrali, que aplazó la liberación de Aktaş durante un año.

A pesar de que solicitamos que se nos facilitara una copia de la decisión, esta solicitud fue rechazada en la resolución de la Judicatura de Ejecución 3ª de Bursa con el número 2024/3518 con la siguiente declaración: «... Dado que la decisión de la 2ª Judicatura de Ejecución de Bursa de fecha 31 de octubre de 2023 y número 2023/8937 restringió el encuentro del condenado con sus abogados de conformidad con el artículo 59, párrafo 8 de la CGTİHK (Ley de ejecución de penas y medidas de seguridad) número 5275, era necesario decidir rechazar la solicitud de los abogados del condenado». Sometemos a la opinión pública las contradicciones entre la citada decisión y las afirmaciones del Ministerio en el sentido de que "no se impiden las reuniones". Sin embargo, quisiéramos llamar la atención sobre otra cuestión importante.

El artículo 59 de la Ley Nº 5275 regula las visitas de los abogados en la cárcel en su conjunto. Si bien la decisión del juez de ejecución prohíbe que el abogado y el preso se reúnan en prisión, no es posible impedir que se tome una muestra de un expediente que se haya llevado al tribunal sobre la base de esta decisión. La única explicación para esta práctica es tratar de dejar al Sr. Aktaş e İmralı sin abogado en el mundo exterior, así como en la isla. De esta manera, mientras se construye un "nuevo" "Estado de Derecho", el órgano legislativo también queda marginado. Este es un nuevo nivel que ha alcanzado la práctica judicial de İmralı. Mientras se discute una nueva constitución en estos días, vemos que el espíritu de la nueva constitución ha irrumpido en İmralı. Además, el artículo 59 de la Ley Nº 5275 no prohíbe por completo el derecho a un abogado, sino que sólo estipula que se pueden imponer restricciones bajo ciertas condiciones. Sin embargo, los jueces de ejecución van más allá de la normativa legal y la aplican en forma de privar por completo al Sr. Öcalan y a nuestros demás clientes del derecho a un abogado.

"¡Forma inhumana de tortura!"

El hecho de que no se hayan recibido noticias de İmralı durante más de 3 años es una forma de tortura inhumana como forma agravada de aislamiento. Convertir İmralı en un agujero negro legal no es suficiente para invisibilizar la política de aislamiento y las decisiones administrativas y políticas. Ahora es obvio que el régimen agravado y extraordinario de İmralı no puede continuar, sostenerse y explicarse. Hacemos un llamamiento al Ministerio y al poder judicial de İmralı para que pongan fin a las condiciones de incomunicación absoluta y a las decisiones que usurpan la libertad, y pedimos a la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, a los miembros de la Comisión de Investigación de Derechos Humanos y a los miembros del Parlamento, así como al público, que sean sensibles a un orden jurídico democrático, a un futuro pacífico y  a poner fin a estas prácticas".