Organizaciones de abogados presentan cargos contra Erdogan y ministros

En Estambul, organizaciones de abogados han presentado cargos penales de homicidio intencional contra el presidente Erdogan, sus ministros y todos los responsables de la magnitud del desastre del terremoto en Turquía.

Las organizaciones de abogados han presentado una denuncia penal en el Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan contra el presidente Tayyip Erdogan y los ministros responsables por no cumplir con sus funciones antes y después del terremoto. Frente al juzgado, Esra Bilen, la co-presidenta del Colegio de Abogados de Estambul (ÖHD), leyó una declaración conjunta. Frente a una pancarta que decía "No fue un terremoto, sino una masacre", Bilen afirmó que aunque el terremoto es considerado un desastre natural, degeneró en una masacre por negligencia.


Bilen señaló que todas las provincias que sufrieron graves daños por el terremoto se conocían anteriormente como zonas sísmicas. A pesar de ello, dijo, se levantaron construcciones no resistentes e ilegales en terrenos no aptos.

"Asesinato premeditado"

Muchos edificios públicos, escuelas, hospitales, dormitorios de estudiantes, puentes, vías férreas, carreteras e infraestructura de suministro de agua y electricidad resultaron dañados por el terremoto, dijo Esra Bilen, y agregó: "La gente quedó bajo los escombros de estos edificios. Los graves daños a la población edificaciones construidas por el estado se debe principalmente a la selección incorrecta del terreno edificable o a la falta de construcción de una estructura adecuada para el terreno edificable, así como a la violación de la legislación pertinente. Señalamos esta situación como homicidio premeditado".

Cargos penales contra todos los responsables

Bilen declaró: “Por lo tanto, se presentarán cargos penales ante la Oficina del Fiscal General contra el presidente, los ministros pertinentes y todos los responsables de homicidio intencional y lesiones combinadas con negligencia y abandono del deber. La acusación se formulará contra el Presidente de la República y todos los ministros, gobernadores, alcaldes y síndicos de las zonas sísmicas; los contratistas que construyeron los edificios derrumbados; los arquitectos e ingenieros que elaboraron estos proyectos de construcción; los ingenieros de control que emitieron los permisos de construcción; funcionarios de las autoridades de supervisión de la construcción, en resumen: todos los sospechosos que hemos identificado y que la fiscalía debe investigar de oficio".