El Tribunal Supremo de Irán ha aprobado la pena de muerte para dos personas que participaron en las protestas y ha decidido volver a juzgar a otras tres. En total, cinco personas han sido condenadas por el asesinato de un miembro de la Besic, milicia paramilitar afiliada a la Guardia Revolucionaria, en Kerec, al oeste de Teherán.

Tras examinar los expedientes de cinco personas, el Tribunal Supremo aprobó las condenas a muerte de Muhammed Mehdi Karami y Seyid Muhammed Huseyni. El mismo tribunal anuló los veredictos de Hamid Gar-Hasanlu, Hüseyin Muhammedi y Reza Arya, y decidió celebrar un nuevo juicio.

En el marco del mismo expediente, 14 personas fueron condenadas a largas penas de prisión, pero se ha decidido volver a juzgar sus casos.

Tras el asesinato de una joven kurda, Jina Amini, a manos de la policía de la moralidad en Teherán el 16 de septiembre, se ha producido un movimiento popular sin precedentes desde la Revolución de la República Islámica de Irán. Según Human Rights Activists (HRANA), entre el 16 de septiembre y el 2 de enero han sido asesinadas al menos 516 personas, 70 de ellas menores de 18 años, y 19.204 han sido detenidas. Según HRANA, las protestas se han extendido a 161 ciudades.

Otras fuentes de la oposición iraní afirman que el balance es mucho más abultado y añaden que han muerto al menos 750 personas. La Organización de Derechos Humanos de Irán (IHR) declaró que, hasta el 27 de diciembre, al menos 476 activistas, 64 de ellos niños y 34 mujeres, han sido asesinados, y 100 activistas corren el riesgo de ser ejecutados.

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