La abogada Newroz Uysal habló sobre el caso de los sótanos de Cizre que se escuchará en el Corte Europea de Derechos Humanos el 13 de noviembre y dijo que el veredicto afectará a casos en curso similares: "Un veredicto a nuestro favor al final de este proceso aumentará la voluntad de luchar, tanto para los abogados como para familias".

El caso sobre las personas quemadas a muerte por el estado turco en los sótanos de los edificios, durante las resistencias de autogobierno en Cizre en 2015 y 2016, se debe conocer en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) el 13 de noviembre.

La CEDH escuchará el caso de Omer Elci, residente del vecindario de Nur en Cizre, y Orhan Tunc, quien perdió la vida porque las ambulancias no pudieron pasar a atender a los heridos, a pesar de una orden judicial.

El veredicto actuará como precedente para otras apelaciones relacionadas con violaciones de derechos durante los toques de queda. También es importante en términos de si los toques de queda estaban en línea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cuáles son las opiniones del CEDH sobre el tema.

La abogada Newroz Uysal habló con la ANF.

 

​​​Uysal dijo lo siguiente sobre cómo el caso de los sótanos de Cizre se distingue de otras pérdidas durante los toques de queda:

“En 2015-2016, se declararon varios toques de queda en varias ciudades y provincias. Tenían excusas similares, fueron declarados de manera similar, se pusieron en práctica y las operaciones se llevaron a cabo de manera similar. Hubo prácticas que dañaron los derechos humanos fundamentales y la dignidad humana. Pero las violaciones del derecho a la vida en el distrito de Cizre se encontraban en un nivel máximo de atrocidad. Cientos de personas atrapadas en 3 edificios dentro de los sotanos fueron asesinadas en masa, lo que da una muestra de lo que sucedió".

Las denuncias se hicieron durante los toques de queda

La abogado Uysal dijo que las primeras apelaciones para la suspensión del toque de queda, se presentaron ante el Tribunal Constitucional y CEDH, mientras aún se mantenían los toques de queda: "Hubo 5 órdenes judiciales emitidas en relación con el acceso en ambulancia para las personas heridas, evacuación segura para las personas atrapadas y protección del derecho a la vida. Desafortunadamente, ninguno de ellos se puso en práctica, excepto el de Helin Oncu, y todos los solicitantes perdieron la vida".

74 negativas

La letrada señaló las investigaciones criminales iniciadas en la Oficina del Fiscal General de Cizre y dijo: "Presentamos nuestras demandas con respecto al estado general de Cizre, la posición legal durante el proceso político que llevó a los toques de queda (el paquete de seguridad nacional, por ejemplo), la necesidad de considerar los eventos categóricamente como crímenes internacionales de lesa humanidad, las investigaciones de todas las muertes de acuerdo con los estándares legales internacionales de manera efectiva, el nombramiento de investigadores independientes y otras demandas similares. Hemos recibido 74 negativas en los casos que seguimos. Están intentando finalizar los procesos y cerrar los casos sin una investigación efectiva, alegando que las víctimas que perdieron la vida eran sospechosas. Todos nuestros recursos contra esto fueron rechazados por los Tribunales Penales de Paz. En este punto, nuestros recursos se encuentran en el Tribunal Constitucional. 31 casos son casos que tuvieron apelaciones ante el Tribunal Constitucional y la CEDH durante los toques de queda".

¿Por qué no hay resultados?

Newroz Uysal dijo que las razones de la falta de resultados de las apelaciones son las siguientes:

- El estado está tratando de ocultar la verdad.

- Se prevé que tendrán que rendir cuentas ante una institución internacional.

- La evidencia fue recolectada ilegalmente durante el toque de queda por las fuerzas estatales o la evidencia no fue recolectada en absoluto.

- El desconocimiento del lado político de los acontecimientos. Por ejemplo, la omisión del "Plan de colapso" se decidió en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en 2014.

- Los eventos llevados a cabo por el estado o permitidos a pasar por el silencio del estado se caracterizan como operaciones "regulares / ordinarias".

- Los fiscales se abstienen de tomar medidas.

- Los perpetradores tienen coberturas legales (la exención otorgada a las fuerzas estatales en octubre de 2016).