Esta mañana, la policía turca ha detenido a los periodistas Timur Soykan y Murat Ağırel en Estambul. Tras un registro de sus domicilios, la policía incautó sus teléfonos móviles y todos sus equipos digitales.

Los periodistas fueron conducidos a comisaría tras un control sanitario.

Pérdida del estado de derecho en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Recientemente, el Parlamento aprobó una nueva ley, la Ley contra la Desinformación, que da total libertad al gobierno para incriminar a los trabajadores de la prensa y a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía, por lo que consideren “falso”. Un concepto que, como el de “terrorismo”, queda vacío para la libre interpretación de las autoridades turcas, lo que les permite silenciar y encarcelar cualquier tipo de oposición.