A principios de julio, el Fiscal General Peter Frank visitó Turquía. Por invitación de su par turco Bekir Şahin, el fiscal general se reunió con el líder del régimen Recep Tayyip Erdoğan, el presidente del Tribunal de Casación turco Mehmet Akarca y el ministro de Justicia turco Bekir Bozdağ. La visita secreta a estos funcionarios, responsables de la persecución despiadada de toda la oposición, y al dictador turco tuvo lugar justo después de que Erdogan abandonara por el momento su posición de bloqueo a la adhesión de Finlandia a la OTAN. El encuentro, publicado por el Frankfurter Rundschau, dio lugar a especulaciones sobre el contenido de las reuniones, sobre todo por el momento en que se dio.
El gobierno alemán guarda silencio sobre el contenido de la reunión
Gökay Akbulut, el portavoz de política migratoria del Partido de Izquierda, cuestionó al gobierno federal, que prefirió guardar silencio sobre el contenido de la reunión. Solo afirmo que no se habían discutido "procedimientos penales concretos" y que el gobierno no haría comentarios sobre el contenido de las "reuniones confidenciales con interlocutores internacionales".
Casi 70.000 mensajes criminales enviados a Turquía
Sin embargo, la respuesta del Gobierno Federal reveló algunos hechos impactantes sobre la cooperación con el régimen de Ankara. Por ejemplo, quedó claro que el Gobierno Federal remite todas las condenas de ciudadanos turcos en Alemania al Ministerio de Justicia de Turquía. Esto implica decenas de miles de registros de datos, con una tendencia al alza. En 2017, se transmitieron a Turquía 47.779 de los llamados antecedentes penales, que fueron 57.531 en 2019 y 69.790 en 2021.
El Gobierno Federal no ve ninguna necesidad de actuar con respecto a la protección de las personas afectadas en caso de entrada en Turquía. Esto se aplica en particular a las personas que han sido condenadas por violar la ley de asociaciones (prohibición del PKK), ya que en los formularios solo se ingresa el delito general y no la "asociación". De esta forma, el gobierno federal ignora el hecho de que casi todas las condenas por "violaciones de la ley de asociaciones" en Alemania son represalias en el contexto de la prohibición del PKK. El régimen del AKP/MHP es probablemente más que consciente de este hecho. La persecución de las y los implicados parece interesar poco al gobierno federal, que dice que "no hay hallazgos" al respecto. Las y los ciudadanos turcos son arrestados regularmente cuando ingresan al país desde Alemania.
Al menos 48 solicitudes de extradición de Turquía
Al ser confrontado con las cifras del periódico "Yeni Şafak", según las cuales se había entregado al Ministerio Público Federal una lista de 129 personas con una solicitud de extradición, el Gobierno Federal respondió con evasivas y explicó que no había estadísticas de extradición para el año 2022 aún, pero al 19 de julio se había determinado el número de 48. Sin embargo, el Gobierno Federal no tenía conocimiento de los cargos contra las personas cuya extradición había sido solicitada.