Al menos 31 personas han sido detenidas en nuevas operaciones de genocidio político en Estambul e Izmir. La policía turca ha efectuado nuevas redadas domiciliarios, esta vez con motivo de las protestas contra el intento de usurpación en Van.

Al menos 15 personas, entre ellas Ünal Yusufoğlu, miembro de la Asamblea del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), así como muchos otros miembros del partido, y directivos de la Asociación de Familiares y Solidaridad con los Detenidos y Presos del Mármara (MATUHAYDER), han sido detenidas en las redadas en Estambul. Los detenidos han sido conducidos al Departamento de Policía de Estambul, en Fatih, y se les ha impuesto una restricción al acceso de un abogado de 24 horas.

Algunas de las personas detenidas son las siguientes: Adil Gümüş, Fikri Baş, Zübeyir Taş, Vildan Doğan, Ünal Yusufoğlu, Alamettin Demir, Necla Aktay, Suat Yıldız, Ertan Hamitoğlu, Zübeyde Gülsüm, Suzan Gezici, Ahmet Altınışık, Bingüzel Ulu, Filiz Aydın, Yaşar Gokdemir.

Izmir

En Izmir se ha emitido una orden de detención contra 19 personas. 16 personas han sido detenidas en redadas domiciliarias llevadas a cabo por la policía turca esta mañana. Entre los detenidos hay miembros del Partido de la Libertad Social (TÖP), del Partido de los Trabajadores Turcos (TİP), de la Iniciativa de Lucha Socialista, de las Juventudes de Nueva Democracia y de las Casas del Pueblo.

Algunas de las personas detenidas, y que se encuentran en el Departamento Provincial de Policía de Izmir son: Erkan Gökber, Tuğçe Kızıldemir, Mehmet Kasar, Emine Akbaba, Berfin Büyükertaş, Arda Duvarcı, Azat Kunur, Elif Yerlikaya, Muhammet Arda Bulgan, Nilüfer Yıldız, Samet Sağnıç, Serdar Aktürk, Sezgin Zevkibol y Sude Timagur.

Detenciones políticas 

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

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