En una declaración en las redes sociales, el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, ha anunciado que un total de 72 personas han sido detenidas en allanamientos domiciliarios efectuados por la policía en 10 provincias, muchas de ellas kurdas.

Las personas detenidas durante las operaciones llevadas a cabo en Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Amed, Eskişehir, Estambul, Balıkesir, Hakkari y Urfa han sido acusadas de "pertenencia a una organización terrorista" y de "hacer propaganda para una organización terrorista".

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Muchas personas detenidas fueron puestas en libertad con cargos tras prestar declaración el miércoles.

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