Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo y ha afirmado que «las ejecuciones se dispararon en 2023 hasta alcanzar su cifra más alta en casi una década, con un fuerte aumento en Oriente Medio.» 

En 2023 se llevaron a cabo un total de 1.153 ejecuciones, que no incluyen las miles que se cree que se llevaron a cabo en China, lo que supone un aumento de más del 30% con respecto a 2022. Fue la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 2015, cuando se tuvo noticia de la ejecución de 1.634 personas. A pesar de este aumento, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones alcanzó la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional.

«El enorme repunte de las ejecuciones registradas se debió principalmente a Irán. Las autoridades iraníes mostraron un desprecio absoluto por la vida humana e incrementaron las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, lo que pone aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán", ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Callamard ha afirmado también que «a pesar de los retrocesos que hemos visto este año, sobre todo en Oriente Medio, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados. Nuestra campaña contra este abominable castigo funciona. Continuaremos hasta que hayamos puesto fin a la pena de muerte».

Los cinco países con mayor número de ejecuciones en 2023 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos. Irán representó por sí solo el 74 % de todas las ejecuciones registradas, mientras que Arabia Saudí representó el 15 %. Somalia y Estados Unidos llevaron a cabo un mayor número de ejecuciones en 2023.

En 2023 se produjo un aumento del 20% en el número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo, hasta un total de 2.428.

En Irán, las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir miedo a la población y reforzar su control del poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país. Se ejecutó al menos a 853 personas, lo que supuso un aumento del 48% respecto a las 576 de 2022. Las ejecuciones afectaron desproporcionadamente a la minoría étnica baluchi de Irán, que representó el 20 % de las ejecuciones registradas, a pesar de que constituye alrededor del 5 % de la población del país. Fueron ejecutadas al menos 24 mujeres y cinco personas que eran niños en el momento del delito.