La Fiscalía de Beykoz ha emitido una orden de detención contra cuatro personas, entre ellas el alcalde del CHP de Beykoz, Alaattin Köseler, acusadas de “manipulación de licitaciones”.

En el marco de la misma investigación, se dictaron órdenes de detención, arresto, registro e incautación contra otras 17 personas, acusadas de “manipulación de licitaciones” y “establecimiento, pertenencia y ayuda a una organización para cometer un delito”.

Los detenidos han sido trasladados al Departamento de Policía de Estambul.

Proceso de diálogo en marcha

Paradójicamente, el Estado turco se encuentra en pleno proceso de diálogo con la finalidad de hallar solución duradera a la cuestión kurda y el conflicto resultante, además de fortalecer la hermandad turco-kurda y asegurar el Parlamento y la política democrática como las plataformas fundamentales para resolver estas cuestiones. O al menos, esta es la esperanza del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) que, en estos mismos momentos, tiene una delegación en la isla-prisión de Imrali donde se encuentra preso el líder popular kurdo en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999.

Se espera que esta tarde se transmita públicamente el ansiado mensaje tras esta reunión, que busca establecer las bases para el fin del acoso social y político del Estado turco contra los kurdos y la oposición en Turquía.

Más de medio año de acoso a la oposición política

El 3 de junio, el Ministerio del Interior nombró un fideicomisario para el municipio de Hakkari (Colemêrg). El co-alcalde del Partido DEM, Sıddık Akış, fue detenido tras el nombramiento del fideicomisario y condenado a 19 años y 6 meses de prisión el 5 de junio.

Ahmet Özer, alcalde de Esenyurt por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), elegido mediante el modelo de “consenso urbano”, fue detenido el 30 de octubre de 2024 acusado de “pertenencia a una organización ilegal”, y posteriormente ingresó en prisión preventiva. El 31 de octubre, el vicegobernador de Estambul, Can Aksoy, fue nombrado fideicomisario en su lugar.

El 4 de noviembre se nombraron fideicomisarios en el municipio metropolitano de Mardin (Mêrdîn) y los municipios de Batman (Êlih) y Halfeti (Xelfetî) en Urfa (Riha), todos ellos gobernados por el Partido DEM.

Los nombramientos de fideicomisarios continuaron el 22 de noviembre, cuando se hicieron cargo del municipio de Dersim, dirigido por el Partido DEM, y del municipio de Ovacık (Pulur), dirigido por el CHP. El nombramiento de fideicomisarios se justificó por las condenas de seis años y tres meses de prisión dictadas el 20 de noviembre contra el co-alcalde de Dersim, Cevdet Konak, y el alcalde de Pulur, Mustafa Sarıgül, del CHP.

El 29 de noviembre, Ayvaz Hazır, co-alcalde de Bahçesaray (Miks) en Van (Wan), fue destituido de su cargo y se nombró a un fideicomisario en su lugar. Su destitución se basó en una condena de tres años y 11 meses de prisión que recibió por asistir a una rueda de prensa mientras trabajaba en la oficina de prensa del municipio en 2015, así como una investigación en curso por “hacer propaganda para una organización ilegal”.

El 10 de enero, los co-alcaldes del Partido DEM del municipio de Akdeniz, en Mersin, Nuriye Arslan y Hoşyar Sarıyıldız, fueron detenidos. El 14 de enero se nombró un fideicomisario para el municipio.

La co-alcaldesa de Siirt (Sêrt) Sofya Alağaş, que anteriormente trabajaba como periodista, fue condenada a seis años y tres meses de prisión el 28 de enero acusada de “pertenencia a una organización ilegal”. El Ministerio del Interior la destituyó de su cargo el 29 de enero y nombró al gobernador en funciones.

El 11 de febrero, Abdullah Zeydan, co-alcalde del municipio metropolitano de Van (Wan), fue condenado a tres años y nueve meses de prisión tras ser juzgado de nuevo por “ayudar a una organización ilegal”. El 15 de febrero se nombró a un fideicomisario en el municipio.

El lunes 24 de febrero se nombró a un fideicomisario para Kağızman (Qaxizman), en Kars (Qers). El 20 de febrero, el co-alcalde Mehmet Alkan fue condenado a seis años y tres meses de prisión, acusado de “pertenencia a una organización ilegal”. Con esta condena se justificó su destitución.

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