Murat Aba, representante en Amed de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, denunció que el país trata el ‘derecho a la esperanza’ como un asunto político en lugar de legal y subrayó que debería abordarse como un problema social.
En una entrevista con ANF, Aba recordó que ya han pasado cuatro meses desde que el Comité de Ministros del Consejo de Europa dio a Turquía un plazo de un año para actuar, pero el gobierno aún no ha dado ningún paso en esa dirección. Según él, el AKP está utilizando el ‘derecho a la esperanza’ como una herramienta de presión política.
El 18 de marzo de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que condenar a Abdullah Öcalan a cadena perpetua agravada sin posibilidad de libertad condicional violaba el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Han pasado diez años desde esa sentencia, pero Turquía sigue sin revisar su condena conforme al ‘derecho a la esperanza’. En septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa fijó un plazo de un año para que Turquía realizara los cambios legales necesarios.
Murat Aba explicó: “Este derecho implica que una persona pueda ser puesta en libertad tras cumplir una parte de su condena.”
Aba lamentó que el país no haya tomado ninguna medida al respecto. “Después de diez años, el Comité de Ministros del Consejo de Europa le dio al gobierno turco un año más, hasta septiembre de 2024. Sin embargo, ya han pasado casi cuatro meses y no ha habido ningún avance ni valoración sobre el tema. Como juristas, creemos que el ‘derecho a la esperanza’ es un principio legal fundamental y debe abordarse desde una perspectiva jurídica. Es un derecho que debe aplicarse sin excepciones ni condiciones.”
Añadió: “Este debate se ha vuelto especialmente intenso porque entre los afectados están Abdullah Öcalan, Hayati Kaytan, Emin Gurban y Civan Boltan. Pese a la situación en Turquía, el Consejo de Europa no ha impuesto ninguna regulación efectiva. En su lugar, sigue concediendo prórrogas o limitándose a expresar su preocupación y a calificar la situación de inaceptable. Lo que exigimos es que, si Turquía quiere integrarse en la Unión Europea, debe adaptar su legislación a los estándares europeos. Desde un punto de vista legal, también está obligada a cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos y con el CEDH. Pero Turquía sigue negándose a aplicar este derecho y lo usa como moneda de cambio. Como profesionales del derecho, insistimos en que esto no debería ser así: el ‘derecho a la esperanza’ debe ser garantizado.”
Aba también destacó que el gobierno del AKP está utilizando el ‘derecho a la esperanza’ como un mecanismo de presión política. “No hay ninguna base legal que justifique que Turquía se niegue a reconocer este derecho. El gobierno lo usa como herramienta de negociación. Y, lamentablemente, la Unión Europea no ha tomado medidas contundentes contra Turquía por este motivo, lo que le permite seguir ignorando estos fallos sin consecuencias. Es fundamental que líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil y juristas mantengan este tema en la agenda pública. No es solo una cuestión legal, sino también un problema social. Necesitamos un esfuerzo colectivo para que este derecho sea reconocido.”
