Desde la ocupación en marzo de 2018 por el Estado turco, un régimen de terror gobierna el destrozado cantón de Afrín, en el norte de Siria. Grupos mercenarios islamistas y servicios de inteligencia turcos han sido desplegados por Ankara para reestructurar sistemáticamente a la población. Según diversas fuentes, la proporción de kurdos en la población ha caído de más del noventa por ciento antes de la ocupación a entre el 15 y el 22 por ciento. La Organización de Derechos Humanos de Afrin (Rêxistina Mafên Mirovan li Efrîn-Sûriye) intenta documentar los abusos cometidos por las fuerzas de ocupación y ha publicado hoy su informe correspondiente al primer semestre de 2023.

Según el informe, doce personas fueron asesinadas en Afrin en los últimos seis meses por fuego de artillería, ataques de drones o disparos de las fuerzas de ocupación. Un crimen especialmente horripilante ocurrió en Jindires el 20 de marzo, cuando fueron asesinados cuatro miembros de una familia. Las víctimas, de entre 18 y 43 años, fueron tiroteadas por la fuerza mercenaria pro turca Ahrar al Sharqiya cuando encendían una hoguera frente a su casa para celebrar la fiesta kurda de Año Nuevo, Newroz.