Más de media década después de la invasión y ocupación por parte de Turquía de la región kurda de Afrin (Rojava, Kurdistán sirio) en marzo de 2018, las fuerzas respaldadas por Ankara siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos por motivos étnicos, según un nuevo informe de la organización de noticias e investigación Rojava Information Center (RIC).
Las estadísticas registradas en el informe muestran que solo en 2023 se cometieron 2201 delitos en la región de Afrin, junto con una tasa elevada y continua de violaciones contra la población civil en la región alrededor de las ciudades de Ras al-Ayn (Serêkaniyê) y Tel Abyad (Girê Spî), que Turquía invadió y ocupó en octubre de 2019. Las formas más comunes de violación son la tortura, el arresto o secuestro ilegal. Además, el Ejército Nacional Sirio (ENS) controlado por Turquía hace desaparecer sistemáticamente a miembros de las poblaciones minoritarias locales o los retiene para pedir rescate.
“Las poblaciones kurda y yazidí se enfrentan a una persecución sistemática”, concluye el RIC, en base a su investigación, aunque señala que los árabes considerados vinculados a la multiétnica Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria (AADNES) también son regularmente perseguidos por las fuerzas de ocupación.
“Las comunidades indígenas han soportado y sufrido la imposición de una ocupación que no da señales de terminar, ya sea mediante detenciones y secuestros continuos o mediante la imposición de impuestos y violaciones de sus propiedades”, denunciaron desde el RIC.
Los crímenes contra las mujeres también son habituales. Muchas de las múltiples facciones que componen el ENS suscriben una interpretación radical del Islam. Se sabe que Ahrar al-Sharqiya y Sultan Murad, las dos facciones que el RIC identifica como responsables del mayor número de violaciones, han reclutado a numerosos ex miembros del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) en sus filas. Por ello, “la situación de las mujeres se ha deteriorado constantemente desde el comienzo de la ocupación turca. Ha surgido una atmósfera de miedo, acompañada de un preocupante aumento de la prevalencia de los matrimonios infantiles y forzados”.
El informe también analiza el impacto de los acontecimientos geopolíticos regionales e internacionales en curso sobre la población civil en las regiones ocupadas. Ofrece un análisis detallado de los enfrentamientos entre diferentes facciones del ENS que ponen en peligro aún más la vida de los civiles en las regiones afectadas; la influencia de la filial de Al Qaeda -Hayat Tahrir al-Sham (HTS)- en estos enfrentamientos y los disturbios actuales en toda la región; el terremoto en Siria y Turquía que se cobró decenas de miles de vidas en toda la región; y la supuesta reconciliación entre Ankara y las autoridades centrales sirias en Damasco.
El informe incluye además mapas completos que muestran las zonas de influencia de las decenas de facciones pequeñas y grandes que componen el ENS. “A pesar de la retórica de la ‘zona segura’ promovida por el gobierno turco y repetida por muchos medios de comunicación internacionales, las realidades atestiguadas en este informe requieren la atención de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos”, remarcaron en el RIC.
Otras organizaciones y organismos internacionales han corroborado las conclusiones del RIC. El Informe del Inspector General Principal de la Operación Resolución Inherente de Estados Unidos al Congreso para 2023, elaborado en nombre de las fuerzas estadounidenses que trabajan junto a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos para combatir a ISIS en la región, también afirmó que la mayoría de los grupos del ENS “siguieron reclutando y pagando a combatientes, algunos de los cuales son antiguos miembros del ISIS”, además de participar en “proporcionar supuestamente un paso seguro a los miembros del ISIS a través de las zonas bajo su influencia”, todo ello mientras se beneficiaban de “fondos extorsionados a civiles en los puestos de control y amenazando o ejecutando amenazas de detener, abusar físicamente, violar o matar al individuo y/o a sus familiares”.
FUENTE: Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina