En Afrin, las fuerzas ocupantes han vuelto a secuestrar a civiles. En este caso se trata de Cîhad Hesen Îbrahîm y Şiyar Mihemed Şoto, de la población de Kemrok en el distrito de Mabeta. Mientras que Cîhad Hesen Îbrahîm quedó en libertad pocas horas después, Şiyar Mihemed Şoto sigue sin aparecer.

Afrin ha estado bajo la ocupación del Estado turco y sus grupos aliados de mercenarios los dos últimos años. Los ataques de invasión del ejército turco contra Afrin comenzaron el 20 de enero de 2018, y la ocupación de la ciudad se consumó el 18 de marzo de 2018. Desde entonces, se han cometido crímenes de guerra de forma sistemática en toda la región. Prácticamente cada día se llevan a cabo crímenes como la confiscación de propiedades pertenecientes a los residentes, secuestros de civiles a cambio de rescates, torturas o ejecuciones.

Miles de personas han sido secuestradas en el territorio ocupado desde que comenzó la invasión. La mayoría de estos civiles han sido sometidos a tortura sistemática y muchos han sido brutalmente ejecutados.

Según las cifras aportadas el pasado mes de noviembre por la Organización de Derechos Humanos de Afrin, 167 hombres, 28 mujeres y 32 niños han sido asesinados desde el comienzo de los ataques de invasión turcos contra Afrin. Otros 638 civiles han resultado heridos, entre ellos 87 menores de edad. La Organización de Derechos Humanos también documenta alrededor de 6.000 secuestros, entre ellos los de varios menores. En unos 3.300 casos, no hay información sobre el paradero de las víctimas o sus condiciones. En la mayor parte de los casos, los cuerpos de los secuestrados son hallados al lado de la carretera tiempo después. Muchos de ellos, con evidentes signos de tortura.

Las fuerzas de ocupación controladas por Ankara usan los secuestros para extorsionar a cambio de rescates. Este método se ha convertido en una fuente lucrativa de ingresos. Hasta ahora se han notificado al menos 500 casos en los que se han entregado los rescates solicitados. Las milicias apoyadas por Turquía exigen un equivalente de entre 3.000 y 100.000 euros, dependiendo de la capacidad de pago de los familiares de las víctimas.

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