La Organización Amnistía Internacional escribió extensamente sobre Irán en su informe anual, en el que llama la atención sobre la "hipocresía" de los Estados del mundo ante las violaciones de derechos.
A continuación se exponen algunos de los aspectos más destacados del informe:

Personas LGBTI

"Las personas LGBTI sufrieron discriminación y violencia sistémicas. Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo seguían estando penalizadas, con castigos que iban desde la flagelación a la pena de muerte. Las "terapias de conversión" avaladas por el Estado, equivalentes a tortura u otros malos tratos, seguían siendo frecuentes, incluso contra menores. La terapia hormonal y los procedimientos quirúrgicos, incluida la esterilización, eran obligatorios para los cambios legales de género. Las personas no conformistas con su género corrían el riesgo de ser criminalizadas y de que se les negara el acceso a la educación y al empleo. En agosto, la defensora de los derechos de las personas LGBTI Zahra Sedighi-Hamadani, conocida como Sareh, y otra mujer, Elham Choubdar, fueron condenadas a muerte por "corrupción en la tierra" por un Tribunal Revolucionario de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, debido a su orientación sexual y/o identidad de género real o supuesta y a sus actividades en redes sociales en apoyo de las comunidades LGBTI.

 El Tribunal Supremo anuló su condena y sentencia en diciembre y remitió su caso para un nuevo juicio.

Mujeres y niñas

Las autoridades continuaron tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, incluso en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, el empleo, la herencia y los cargos políticos. La edad legal para contraer matrimonio para las niñas seguía siendo de 13 años, y los padres podían obtener permiso judicial para que sus hijas se casaran a una edad más temprana.

Las mujeres y las niñas estuvieron en primera línea del levantamiento popular, desafiando décadas de discriminación y violencia de género y desafiando las leyes discriminatorias y degradantes sobre el velo obligatorio, que les hacían enfrentarse a diario al acoso y la violencia de agentes estatales y no estatales, a la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, y a la negación del acceso a la educación, el empleo y los espacios públicos.

La aplicación de estas leyes fue más estricta a mediados de 2022, y culminó con la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini en septiembre, días después de ser detenida violentamente por la policía iraní de "moralidad" en medio de informes creíbles de tortura y otros malos tratos. Las autoridades no proporcionaron a las reclusas atención médica adecuada y específica para su género. El proyecto de ley "Defensa de la dignidad y protección de las mujeres contra la violencia", presentado más de una década antes, se estancó en el Parlamento. Los legisladores no revisaron el proyecto de ley para tipificar la violencia doméstica como delito independiente, tipificar como delito la violación marital y el matrimonio infantil, o garantizar que los hombres que asesinaban a sus esposas o hijas recibían penas proporcionadas.

Pena de muerte

Las ejecuciones aumentaron con respecto al año anterior y se reanudaron las ejecuciones públicas tras un paréntesis de dos años. Las autoridades utilizaron la pena de muerte como herramienta de represión política contra manifestantes, disidentes y minorías étnicas. La minoría oprimida baluchi constituyó un número desproporcionado de los ejecutados. La pena de muerte se impuso tras juicios manifiestamente injustos, incluso por delitos que no alcanzaban el umbral de los "delitos más graves", como tráfico de drogas, corrupción financiera, vandalismo y por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. Varias personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad; decenas de otras que tenían menos de 18 años en el momento del delito permanecían en el corredor de la muerte.

Detención arbitraria y juicios injustos

Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y/o procesadas injustamente a lo largo del año por ejercer pacíficamente sus derechos humanos; muchas continuaron encarceladas injustamente. Según una declaración oficial grabada en audio y filtrada, entre 15.000 y 16.000 personas fueron detenidas durante las primeras semanas de la revuelta. Las autoridades continuaron con las detenciones arbitrarias masivas hasta finales de año y sometieron a muchas personas a procesamientos injustos y juicios sin garantías. Dos jóvenes fueron ejecutados arbitrariamente en relación con el levantamiento nacional tras juicios falsos y sin previo aviso a sus familias, mientras que decenas de otras personas estaban condenadas a muerte o seguían procesadas por cargos capitales demasiado amplios, como "enemistad con Dios" (moharebeh) y "corrupción en la tierra" (efsad-e fel-arz). Las autoridades reprimieron aún más a la sociedad civil, sometiendo a detención arbitraria y/o procesamiento injusto a cientos de defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, disidentes políticos, activistas, conservacionistas, escritores, artistas, músicos, estudiantes universitarios y escolares. Cientos de trabajadores, entre ellos docentes, fueron objeto de detención arbitraria por declararse en huelga, participar en concentraciones del Día Internacional de los Trabajadores o plantear de otro modo su preocupación por los derechos de los trabajadores.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la denegación deliberada de atención médica, seguían siendo prácticas generalizadas y sistemáticas. En la televisión estatal se difundieron "confesiones" forzadas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos. Las autoridades penitenciarias y fiscales, dependientes del poder judicial, recluían a los presos en condiciones crueles e inhumanas caracterizadas por el hacinamiento, las deficientes condiciones de salubridad, la alimentación y el agua inadecuados, la insuficiencia de camas, la mala ventilación y la infestación de insectos. Decenas de personas murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas que implicaban informes creíbles de tortura física y/o negación de atención médica. No se llevaron a cabo investigaciones acordes con las normas internacionales.