La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente por Zeynab Jalalian, una mujer kurda encarcelada y torturada en Irán, y pide que se escriban cartas al jefe del poder judicial iraní, Ebrahim Raisi.

Zeynab Jalalian es natural de Maku, en el Kurdistán iraní (Rojhilat), y lleva encarcelada en Irán desde 2008. Jalalian se encuentra gravemente enferma y está siendo torturada. Se le niega el tratamiento médico por no mostrar arrepentimiento. El Ministerio de Inteligencia iraní condiciona su acceso a una atención médica adecuada y el traslado a una prisión más cercana a su hogar familiar en el oeste de la República Islámica. Para dejar de sufrir estas represalias, Zeynab Jalalian tiene que “confesar” sus delitos y expresar su arrepentimiento por sus actividades políticas pasadas ante las cámaras, además de aceptar trabajar para el Ministerio de Inteligencia.

Única mujer en Irán condenada a cadena perpetua

Nacida en Maku en 1982, Zeynab Jalalian fue detenida en Kermanshah en el verano de 2008 y condenada a muerte en enero de 2009 ante un tribunal revolucionario por “enemistad con Dios”. La sentencia se basaba en la participación de Jalalian en el Partido por una Vida Libre en el Kurdistán (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK). No tuvo acceso a un abogado durante su juicio, que duró sólo unos minutos. Posteriormente, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua en noviembre de 2011. Actualmente, es la única mujer presa en Irán a la que se le ha impuesto esta condena. Jalalian ya había pasado otros ocho meses en prisión preventiva en un centro del Ministerio de Inteligencia anteriormente.

Contrajo la Covid-19 durante la odisea de su traslado

A lo largo del año pasado, Zeynab Jalalian fue trasladada por agentes del Ministerio de Inteligencia a distintas prisiones del país hasta cuatro veces en pocos meses. Durante esta odisea, contrajo la Covid-19 y asma, y todavía sigue sufriendo falta de aire. Es probable que sufra daños pulmonares permanentes. Además, sufrió lesiones por los grilletes en las muñecas y los tobillos durante los transportes y fue maltratada físicamente por las fuerzas de seguridad iraníes. Debido a que éstas no fueron tratadas, ahora sufre lesiones de larga duración. También padece otros graves problemas de salud a causa de las condiciones en prisión y los malos tratos recibidos, tales como enfermedades cardíacas, intestinales y renales, parálisis e infecciones dentales y de la mandíbula. Como consecuencia de los repetidos golpes en la cabeza, su visión está también gravemente dañada. Hasta la fecha, Jalalian sólo ha recibido atención médica fuera de la prisión una vez, y brevemente, después de que diera positivo en la prueba de la Covid-19 en junio. En ese momento, había iniciado una huelga de hambre temporal para intentar que la devolvieran al centro de detención de Khoy, sin éxito.

Su familia también sufre represión

Jalalian permanece recluida en una prisión de la ciudad central iraní de Yazd, a unos 1.400 kilómetros del hogar de su familia, desde el pasado mes noviembre. Ese mismo mes, su padre, Ali Jalalian, fue detenido e interrogado por la inteligencia iraní en Maku por hablar con organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación extranjeros sobre la situación de su hija. El hombre quedó en libertad bajo fianza un día después.

ONU: Jalalian está presa por su compromiso con los derechos de las mujeres kurdas

En abril de 2016, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detenciones Arbitrarias pidió a Irán que liberara inmediatamente a Zeynab Jalalian, ya que había sido detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación a través de “sus actividades como activista social y política por los derechos de las mujeres kurdas” y “su participación en el activismo político... con el ala no militante del PJAK”. El Grupo de Trabajo afirmó que se le había negado el derecho a un juicio justo y que su trato violaba la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La negativa de las autoridades a prestar atención médica a los presos constituye tortura si dicha privación es intencionada e inflige “dolores o sufrimientos graves” con fines de castigo, coacción o intimidación, obtención de una “confesión” o por cualquier razón basada en discriminaciones de cualquier tipo.