Decenas de grupos y personalidades en Italia han demandado verdad y justicia ante los eventos que se han cobrado la vida de 13 presos en la ciudad de Módena.

La demanda presentada expone lo siguiente: “El Ministerio de Justicia, en su nota al Parlamento en relación a los disturbios en la cárcel –que causaron daños significativos y dejaron varios heridos–, pasa por alto el aspecto prácticamente más dramático, a saber: el número significativo de víctimas, las circunstancias específicas que condujeron a sus muertes, y las responsabilidades. La única mención a estos episodios sugiere “el peor de los escenarios posibles”; el Ministerio declara que «basándose en las investigaciones iniciales, la mayor parte de las muertes parecen haber sido causadas por el uso indebido de sustancias tomadas de la enfermería durante los disturbios», sin proporcionar más detalles, y sin información sobre lo que causó las otras muertes más allá de esa “mayoría” a la que atribuye el uso de sustancias. Además, otras muchas preguntas quedan sin respuesta ante estas muertes, entre ellas la falta de ayuda durante los disturbios”.

Además, de acuerdo a los signatarios de la demanda, “el Ministerio no ha abordado satisfactoriamente los riesgos relacionados con el coronavirus para los reclusos y el personal penitenciario, ni ha confirmado ni desmentido noticias de contagios entre los presos, incluso en la cárcel de Módena donde se experimentaron graves revueltas que acabaron con un alto número de muertes. El hecho de permanecer recluido en unos pocos metros cuadrados, privado de lo más esencial y aislado, no puede sino percibirse como una situación de mayor exposición y riesgo; está ampliamente demostrado que es más probable contraer una enfermedad en un entorno de detención. Señalar los planes de la delincuencia organizada como la causa de los disturbios parece, por tanto, engañoso, y sería fundamental comprender las reivindicaciones y necesidades de los que reaccionaron así ante una situación mal gestionada y sin medidas específicas que garanticen el derecho a la salud de las personas en prisión, que deben ser respetadas de la misma manera que en la comunidad”.

Los signatarios añaden: “Creemos que las muertes trágicas de trece personas en prisión no pueden ser pasadas por alto. Quienes viven, trabajan o visitan las cárceles, las familias y la sociedad, y más generalmente la opinión pública, todos tienen derecho a saber qué sucedió en detalle. Y a saberlo urgentemente: hay que ser consciente del impacto que puede tener la opacidad, la desinformación, la incertidumbre y el miedo en quienes viven segregados, algo que a su vez podría dar lugar a nuevos episodios de violencia. Al mismo tiempo, y ante estos hechos concretos y la situación general de sufrimiento e inquietud en las cárceles –ahora todavía más manifiesta–, puede ser una oportunidad para repensar la propia definición y finalidad del castigo, y a su vez reformar el sistema que lo administra”.

Los signatarios hacen un llamamiento a “las asociaciones, la sociedad civil que opera en la prisión, los medios de comunicación, los abogados y los trabajadores por los derechos, el Defensor del Pueblo por los derechos de las personas privadas de libertad (con quien estamos dispuestos a trabajar, dado su papel fundamental), y a todo el mundo que trabaje en pos de la descentralización, la reinserción social, la despenalización del consumo de drogas, la promoción de los derechos humanos y sociales: juntos, queremos crear un Comité para comenzar inmediatamente a recopilar información sobre los acontecimientos de los últimos días y tratar –respetando pero también instando a las instituciones competentes– de arrojar luz sobre estos hechos”.